El presidente Petro juega con candela y le encanta. Sobre todo porque, como cualquier pirómano, no teme quemarse. Su anunciada decisión, de deriva cesarista, de decretar la convocatoria de la consulta popular sobre asuntos laborales, que el Senado le negó y de la que el Consejo de Estado revisa en estos momentos su legalidad, ha desatado un incendio.
Incipiente todavía, sí, pero sin la necesaria contención de las instituciones guardianas de nuestra democracia, se corre el riesgo de que se propague hasta que reduzca a cenizas el orden constitucional del Estado de derecho. ¿Complejo de entender? ¡Qué va! Es bastante más simple de lo que parece. De lo que se trata es de impedir el menor atisbo de regresión democrática, de que se pierdan o nos recorten libertades o garantías. Algo que a todos nos debería llamar a una profunda reflexión sobre las reales pretensiones del actual Gobierno.
La que termina fue una semana de tiránicas señales enviadas por el jefe de Estado y su círculo más cercano que alarman. Por fortuna, la estruendosa tormenta desencadenada por sus despóticas ínfulas confirmó que en el imperfecto sistema político colombiano coexiste una amplia mayoría de demócratas presto a defenderlo del peligroso desafío del populismo autoritario. Al burdo intento del Ejecutivo de colonizar al Congreso y a las Cortes, a los que ha decidido desconocer cuando sus autónomas e independientes decisiones le resultan contrarias u omitir sus funciones, se han opuesto cuñas hasta de su mismo palo progresista.
Escandaliza que Petro, Benedetti y compañía se muestren tan decididos a desbordar el límite de sus facultades en el ejercicio del poder, sin sonrojarse apenas. Exhiben con cinismo sus arrogantes pulsiones autocráticas que enmascaran con el romántico envoltorio del derecho a decidir de la soberanía popular versus el de las instituciones constitucionales, mientras acorralan al país en ese falso dilema sobre la verdadera legitimidad democrática.
Se equivoca el presidente al tratar de instrumentalizar a las instituciones concebidas para frenar las arbitrariedades de quienes ejercen el poder, como él mismo. Su intolerante e irrespetuoso discurso de desprestigio contra el Congreso o el Poder Judicial, cada vez más envilecido e incoherente, lo retrata como un autócrata sin escrúpulos que busca debilitar la democracia. ¿Es así como Petro quiere pasar a la historia? ¿Arrasando el marco legal o el sistema de pesos y contrapesos que lo controla? Sus relatos o actuaciones son indicativas.
¿Es que ningún asesor de su equipo jurídico lo hará entrar en razón? En gracia de discusión, eso no pasará. Más bien todo lo contrario. Uno de sus integrantes, el principal artífice del decreto presidencial, sustentando en los vicios de trámite en los que habría incurrido el Senado cuando rechazó la consulta el 14 de mayo, acaba de ser designado como el nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Ángela María Buitrago, una respetada jurista con independencia de criterio, quien se marchó del Gobierno antes de degradar su credibilidad.
Petro se decanta por los más fieles soldados políticos de sus causas delirantes, con las que busca tensar aún más la cuerda de la concordia nacional, a punto de romperse. A estas alturas, lo que menos les interesa es buscar consensos. Su modus vivendi de cara al 2026 es el caos. Pero no se puede caer en esa trampa, porque sus consecuencias serían catastróficas para una nación a la que se le acumulan las crisis: la institucional, la de la salud, la energía, la seguridad y la madre de todas, que es la fiscal. El ruido que empieza a suscitar una posible suspensión temporal de la regla fiscal para tapar el hueco en las finanzas del Estado anticipa una inestabilidad aún más pronunciada de la economía del país, con un pronóstico negativo.
El Gobierno sabe que debe reducir el gasto, pero incompresiblemente no lo hace. Así opera. Es como si apostara a la autodestrucción per se. Más bien, prefiere buscar atajos, ahora sabemos que incluso antidemocráticos, como el ‘decretazo’ de la consulta popular, un golpe de Estado que socavaría los cimientos del orden constitucional. Es la hora de los cortafuegos representados en las instituciones que con entereza, contundencia y sujeción a la ley tendrán que actuar para hacerle frente a la escalada de atropellos que se avecinan. Es innegable que estamos en campaña electoral. Pero al menos gobiernen, la gente demanda soluciones a sus grandes problemas cotidianos, que es lo único de lo que rara vez se ocupan.
