El 20 de junio finaliza la legislatura 2024-2025 y también el último plazo para que la reforma laboral surta los dos últimos pasos para convertirse en ley de la república: la aprobación en plenaria del Senado y la conciliación con el texto que salió de la Cámara de Representantes.
Son diecisiete días, el equivalente a 408 horas, de debate disponibles para una iniciativa que murió en su primer intento en el Senado, pero que terminó resucitada por cuenta de la pugna política con la que el Gobierno terminó subiendo a un tinglado sin fin al Congreso de la República.
Sí, es cierto que el Congreso pudo haber evitado activar las entronizadas ideas del presidente Petro, apelando al “pueblo” para una consulta popular, si hubiera discutido en tercer debate su proyecto de ley, en vez de hundirlo. Pero también es cierto que es una herramienta legal y válida que pueden usar los opositores de un gobierno para ponerle freno a sus iniciativas que considera inconvenientes. Para el caso de la consulta hubo amplio debate y le dijeron no en una apretada votación que hoy se empeñan en desconocer.
Ese mismo Congreso, puntualmente el Senado, para fortuna de los trabajadores colombianos, resucitaron la hundida reforma laboral, le dieron nuevo trámite y en tercer debate quedó aprobada por la Comisión Cuarta y ahora se alista para hacer su tránsito desde este martes hacia la plenaria del Senado, que tendrá la última palabra para convertirla, cuanto antes y en tiempo récord, en ley de la república.
La agenda trazada por el presidente del Senado contempla la reunión de coordinadores y ponentes este mismo martes para elaborar la ponencia que pretenden sea anunciada en plenaria el miércoles y de esta manera poder comenzar el cuarto debate la próxima semana.
Como es lo lógico en cualquier debate legislativo, el proyecto de reforma del Ejecutivo sufriría ajustes, le gusten o no al presidente Petro, que este lunes festivo volvió a soltar sus riendas en la red social X para, entre otros muchos temas, enfilar sus baterías contra la iniciativa, de la que aseguró es una “verdadera contrarreforma de las más atrasadas de las que se han visto”, por cuenta del artículo relacionado con el trabajo por horas, por lo que insistió en que la que se tramita en el Senado no es su reforma.
De un lado el presidente y los sindicatos se mantienen en la idea de la consulta popular y el partido de gobierno –Pacto Histórico– ya ha anunciado que no aprobará ni apoyará el proyecto de ley por el que tanto se abanderaron, con lo cual le cerrarían la puerta a las mejoras que podrían significar para quienes ya cuentan con un empleo formal.
Por el otro lado están los gremios y los empresarios, sobre todos los micro, pequeños y medianos, que han expresado su interés de ceder en varios puntos, aun a costa de lo que representará en el flujo de caja de sus negocios y del impacto que podrá tener lo aprobado.
En esta disputa –más política que jurídica– al fin de cuentas será siempre más saludable para el país intentar llegar a acuerdos y entendimientos que permitan avanzar en mejores condiciones para los trabajadores. Ese debería ser el objetivo central y el fin supremo de los poderes públicos –hoy más en los extremos que nunca–.
Que haya sido o no producto de la presión por la consulta popular, que haya sido una estrategia para frenar el apetito electoral del Gobierno, el Congreso retomó la tarea y se ha empeñado en ajustarse a los tiempos para cumplir con los debates y entregarle al país una reforma laboral. Le quedan 24.480 minutos para el ejercicio democrático y legislativo que le corresponde.
El 20 de junio el país y los colombianos sabrán finalmente cuál fue el desenlace de la enconada batalla por los derechos laborales de quienes cuentan con un empleo.
Otra historia será acordarse de que ni el proyecto inicial del Gobierno ni el transformado en el Senado se acuerda por ahora de las políticas para aumentar la generación de más puestos de trabajo y para reducir la alta informalidad. Pero un paso a la vez.
