En un momento de indiscutible crisis por el sistemático ataque de grupos armados contra policías y soldados, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, recaló hace unos días en el Comando Aéreo de Combate N° 3, en Malambo, para encabezar un consejo de seguridad.

El telón de fondo de su visita, la primera al Atlántico desde que asumió el cargo, no pudo ser más complejo. Sánchez lidera una fuerza pública desfinanciada, con las capacidades diezmadas –en todo sentido– que reducen su respuesta o reacción terrestre, aérea y de inteligencia ante el avance criminal. El evidente desmedro de las operaciones ofensivas y logísticas de militares y policías es consecuencia de políticas desacertadas, orientadas desde el más alto nivel del Gobierno, herencia de Iván Velásquez, que justo ahora le pasan una factura impagable a las instituciones encargadas de preservar la seguridad de la ciudadanía.

La cumbre no solo se enfocó en el infame plan pistola del Clan del Golfo, también debatió la recrudecida crisis de inseguridad por violencia criminal en el Atlántico, con epicentro en Barranquilla y Soledad.

Sus coletazos se han venido expandiendo a casi todos los municipios del departamento, donde la comisión de crímenes, antes inusuales, hoy se mantiene al alza.

Sincerar nuestra preocupante realidad, como hemos insistido desde hace más de tres años en EL HERALDO, resulta imprescindible. Tiene razón el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuando asegura que estamos “en el podio nacional de todos los delitos que se cometen en el país”. Los homicidios por sicariato, entre grupos criminales, y la extorsión siguen creciendo sin que hasta ahora las estrategias ejecutadas aseguren buenos resultados sostenidos en el tiempo. Controles exhaustivos por narcotráfico en Siape y Juan de Acosta, inhibidores de señales en las cárceles y articulación institucional, reclamó el gobernador Eduardo Verano. Más policías, inteligencia y cámaras de seguridad confirmó el mindefensa.

A decir verdad, ni lo demandado por el mandatario ni lo ofrecido por el general retirado Sánchez son medidas novedosas. De hecho, fueron aplicadas en su momento con discretos balances y, todavía peor, no son suficientes ante la magnitud de las persistentes amenazas que las estructuras del crimen local, ‘Costeños’, ‘Pepes’ o ‘Rastrojos Costeños’, entre otras, han lanzado sobre el territorio, donde está comprobado que han tejido sólidas alianzas con grupos armados organizados de alcance nacional e internacional, como el Clan del Golfo.

La crisis de seguridad en Atlántico obliga a repensar en profundidad lo que ocurre. Es un llamado recurrente de analistas, como Luis Fernando Trejos y Janiel Melamed, docentes de la Universidad del Norte que se preguntan, y con razón: ¿dónde está la política pública de seguridad y convivencia ciudadana que articule las medidas anunciadas? ¿Qué indicadores de gestión se usaron para medir la eficacia de las acciones a ejecutar? o ¿si existe una estrategia para priorizar lo que sucede en Juan de Acosta, Sabanalarga y Santo Tomás, considerados nodos de enlace territorial donde se expande el crimen en el departamento?

Sobra voluntad, de eso no cabe duda, pero sin propuestas concretas con énfasis o visión estratégica local que definan cuál es el fin último del nuevo paquete de medidas, más allá de que combatan la criminalidad, se corre el riesgo de caer en la improvisación, perdiendo los esfuerzos y recursos dispuestos para encarar las distintas formas de criminalidad que asuelan y literalmente desangran al departamento. Desde el sicariato desbordado hasta el despojo de tierras, pasando por el narcotráfico, la extorsión o la acción de los ‘cobradiarios’.

Exijamos, al menos, que las medidas se inicien lo antes posible. Esto no es mera percepción, es una situación trágica que se ensaña con los sectores vulnerables de la población.

Mientras en abril de 2024 se documentaron 62 asesinatos en Atlántico, en el mismo mes de 2025 fueron 71: 63 en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.

El Gobierno insiste en que “la solución es un 70 % de acción unificada del Estado y un 30 % de estrategia militar y policial”. Pues bien, actúen, porque está claro, y desde hace mucho, que la crisis se les salió de las manos a Barranquilla, Soledad y al resto del Atlántico, y que el Clan del Golfo, que ahora se enseñorea en el departamento, no es solo una amenaza local, sino un monstruo nacional que ha hecho mutar a gran velocidad las redes delincuenciales de este territorio.