Más vale tarde que nunca. Tras un retraso importante en el cronograma inicialmente contemplado, la firma del acta de inicio de la APP del Canal del Dique entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Ecosistemas del Dique –filial de la empresa Sacyr– señala por fin la largada de uno de los proyectos de carácter socioambiental más ambiciosos en la historia de Colombia. No solo es su considerable inversión superior a los $3,2 billones ni los más de 60 mil empleos directos e indirectos que generará la intervención a lo largo de los 115 kilómetros de la hidrovía durante sus diferentes etapas. Tampoco la construcción de los dos impresionantes complejos de esclusas y compuertas: uno en Calamar y otro en Puerto Badel, que nos acercarán a tener algo así como un pequeño Canal de Panamá en nuestra región Caribe.

Lo más notable de la iniciativa es el impacto que producirán en la vida diaria de 1,5 millones de personas, en especial de quienes residen en las orillas de 19 municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre, las 34 obras adicionales de restauración de los ecosistemas degradados que se ejecutarán en un área de influencia de más de 435 mil hectáreas, muchas de las cuales dejarán de inundarse en un futuro próximo, una vez se acometan trabajos como dragados permanentes en las orillas para mitigar la erosión. También se espera que se den pasos hacia adelante en la mejora de la calidad de vida de los residentes de poblaciones, en su gran mayoría extremadamente pobres, a través de la ejecución de inversiones sociales por más de $61 mil millones concertadas con ellos, para fortalecer procesos educativos ambientales, el desarrollo de infraestructura comunitaria o de iniciativas productivas, al igual que de capacitaciones que requieran en sus territorios.

Por razones de distinta naturaleza, que conviene sigan siendo atendidas en su justa medida durante la fase de preconstrucción prevista en los próximos 18 meses, la intervención ha sido objeto de cuestionamientos. Resulta totalmente válido que las comunidades eleven sus preocupaciones ambientales, sociales o de transparencia en torno al proyecto, como lo han hecho hasta ahora en al menos 300 espacios de socialización que de acuerdo con la ANI se han cumplido. El compromiso, tanto de la Agencia como de la concesionaria, es que se realicen más encuentros -la meta es que sean cerca de 50-, en los que se esperaría afinar asuntos claves sobre temas relacionados con procesos consultivos por licencias ambientales solicitadas por el Ministerio de Ambiente. En una intervención como esta, que es en últimas una gran apuesta por el desarrollo, bienestar y progreso de la gente, el diálogo debe ser prioritario para avanzar con firmeza.

En Campo de la Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan, municipios del Atlántico, como hemos registrado desde hace años en EL HERALDO, estas obras convocan una expectativa notable: casi que es un clamor de los moradores de estos municipios que aún padecen los pavorosos efectos de la ruptura del Canal del Dique, en 2010. No merecen nada distinto a que se les honre la palabra empeñada. También en Bolívar, donde confían que los sofisticados complejos de esclusas y compuertas permitan el control del caudal del agua y la intrusión salina y reduzcan el ingreso de la sedimentación a las bahías de Cartagena y Barbacoas.

Quince años. Ese es el tiempo de la concesión que promete transformar sosteniblemente una región aquejada de un deterioro ambiental y social considerable, en la que tampoco se puede pasar por alto el peso del conflicto armado en la memoria histórica del Canal del Dique. Hace poco, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso reconocía cómo sus hombres convirtieron sus aguas en un cementerio a cielo abierto. La JEP, Unidad Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Fiscalía y ANI lideran la definición de un protocolo para recuperar los cuerpos, como revela hoy EL HERALDO. No será fácil, pero es un imperativo moral intentarlo. Ese aspecto también es fundamental en el ineludible propósito de saldar la deuda histórica con las comunidades empobrecidas, olvidadas y victimizadas del Canal del Dique. Estaremos vigilantes.