Ante una jueza federal de Estados Unidos, el capo del narcotráfico, Dairo Úsuga, alias Otoniel, exjefe del Clan del Golfo, se declaró no culpable de “liderar una empresa criminal continuada” que envío entre 2003 y 2021 miles de toneladas de cocaína a ese país. ¿Cinismo o estrategia de defensa, solo el tiempo lo dirá. Pero sobre todo, será su voluntad de colaborar o no con los tribunales, en los que cursan las numerosas acusaciones en su contra, la que determinará cuál será el futuro que le espera. Por lo pronto, en su primera comparecencia, luego de su extradición desde Colombia, tanto la Justicia como el Gobierno norteamericanos pusieron en evidencia la complejidad del caso, debido al extenso periodo de los delitos por los que deberá responder y por la profusión de las pruebas recogidas por la Fiscalía, y sin duda, por la calidad de imputado. No en vano, este hombre de indescifrable sonrisa, carente de escrúpulos y poseedor de incontables secretos es considerado uno de los delincuentes “más peligrosos” del mundo, un asesino despiadado. Esa innegable condición de ‘Otoniel’ es la principal razón que esgrime el presidente Iván Duque, al igual que su círculo más cercano, para enviarlo a comparecer ante la justicia de Estados Unidos. Apenas horas antes de su extradición, el mandatario le había confirmado a EL HERALDO que el capo estaba manipulando –no indicó cómo o a quién- para tratar de “quedarse en el país e intentar fugarse”. “No se puede seguir protegiendo”, precisó. Y a renglón seguido anticipó que tendría que regresar a Colombia a “purgar sus penas”. Se lo garantizó a las víctimas. Sin embargo, son ellas las que se muestran hoy desconcertadas por su extradición. Por un lado, sienten que se perdió la oportunidad de conocer trascendentales verdades sobre hechos atroces como desapariciones o abusos sexuales contra menores de edad y sobre los estrechos vínculos de políticos, miembros de la fuerza pública y en general personajes poderosos con el Clan del Golfo en la Costa Caribe, el Bajo Cauca Antioqueño, Chocó, y otras áreas de influencia. Relatos imprescindibles que, por distintas razones, han permanecido ocultos durante décadas. Por otro, estiman que sin verdad tampoco habrá justicia ni llegará la reparación y menos las garantías de no repetición en sus territorios, donde la ilegalidad sigue tan campante, pese a la captura de este individuo en octubre del año pasado.

Es indiscutible que ‘Otoniel’ ha sido uno de los actores más relevantes del conflicto armado en el país durante los últimos 30 años: un malabarista de la ilegalidad que saltó de la guerrilla del EPL a distintos bloques de las autodefensas hasta que conformó su propia banda criminal, con la que ha causado un inconmensurable daño a comunidades campesinas, poblaciones étnicas, líderes sociales y la fuerza pública en medio país. Un legado criminal realmente miserable que lo hace merecedor de un castigo ejemplar. Eso es irrebatible y debe pagar por lo que hizo en Colombia. ¿Cuándo podría ser? Difícil saberlo. El malestar de las víctimas es comprensible. No solo porque no tienen certeza de que ‘Otoniel’ quiera aportar verdad, sino porque el marasmo de nuestra justicia frente a las versiones entregadas por los extraditados no es garantía de nada. Lamentablemente, experiencias pasadas así lo demuestran.

Ciertamente la extradición de ‘Otoniel’, posible tras la decisión del Consejo de Estado de levantar una medida cautelar concedida justamente a sus víctimas, las tomó por sorpresa. No únicamente a ellas, también al resto del país. Desde entonces, todo tipo de teorías especulativas alrededor de por qué tanta premura para su envío a Estados Unidos han alimentado la fogosa polarización política en la que se debate la campaña electoral, posicionando a unos y otros en orillas distintas y configurando el discurso de la impunidad como el principal reclamo. Gobierno, políticos y campañas, en vez de desgastarse con una más de sus enésimas disputas estériles, deberían volcar su mirada a la situación de zozobra que afrontan los habitantes de Córdoba, Sucre, Chocó, Antioquia y el suroccidente de Barranquilla, entre otros territorios, donde facciones del Clan del Golfo decretaron un paro armado de cinco días en represalia. Mientras la larga mano criminal de ‘Otoniel’ siga intimidando a la ciudadanía, el reivindicado triunfo de la legalidad por su envío a Estados Unidos deberá celebrarse a medias. El capo ya no está, pero tal parece que no se hubiera ido.