Una de las principales obligaciones del Estado es la de proteger a sus ciudadanos. Es hasta cierto punto comprensible que no alcance a abarcar cabalmente todo lo que comprende esta misión a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero es totalmente inadmisible la percepción de indefensión de los costeños frente a una amenaza concreta para su desarrollo, ampliamente advertida y diagnosticada: Electricaribe y su deficiente gestión del sistema eléctrico.
El Estado tiene el deber de amparar a sus ciudadanos y no permitir que sean víctimas de injusticias. Una sola empresa ha sacado a relucir la dificultad del Gobierno para cumplir esta tarea. Poco se pudo hacer para forzarla a resolver sus problemas y evitar que siguiera imponiendo, como una condena, su mal servicio a los 2,5 millones de usuarios en la Región Caribe. Y ahora, para acabar de rematar, las luces de la Costa están a punto de apagarse por cuenta de sus inconvenientes financieros.
Como lo reveló ayer EL HERALDO, hay un altísimo riesgo de caer en un apagón muy, muy anunciado. Cada vez es más notorio en la ecuación de esta crisis que no solo Electricaribe está incumpliendo sus obligaciones. El Estado, representado en numerosos entes del sector público, también ha fallado en la tarea de cubrir sus deudas con la compañía. Si bien nada puede justificar el mal servicio, este ha sido el argumento en el que se ha parapetado para cometer sus injusticias.
Racionamientos diarios de tres horas, como los que están previstos, le asestarían un crítico golpe al aparato económico de una Región en crecimiento. Además, no hay garantía de que progresivamente no se vayan aumentando los cortes, en la medida que no se logre una solución.
Ante un panorama que se oscurece, el sector productivo, los poderes económicos y los líderes políticos están llamados a ejercer una presión mucho más activa para exhortar al Gobierno a que tome las riendas de la situación. En un caso así se esperaría que el Gobierno tuviera la sartén por el mango, pero aquí pareciera estar en manos de la empresa.
La ineludible cuestión es qué va a pasar ahora, cuando las generadoras alistan un plan de limitación de suministros para activarlo el miércoles si Electricaribe no paga. ¿Qué va a hacer el presidente Santos? ¿Va a dejar que la Costa se apague?
¿Habrá intervención o inyección de capital? La Costa espera respuestas que arrojen claridades. Porque surgen otras incertidumbres. Vale preguntarse ahora qué tan preparada está la Región para asumir racionamientos. ¿Cuál es el plan? ¿Qué acciones o cambios de horarios se aplicarían?
La semana que comienza será decisiva para constatar qué tan prioritaria es para el presidente la seguridad energética de la Costa. En esta hora se pone a prueba la coherencia entre discurso y acción.
No se trata este de un problema de abastecimiento, sino un problema financiero, en el cual la intervención del Estado, en teoría, debería poder ser determinante y resolutiva.
La ausencia de arbitramiento público supone la apertura de una peligrosa puerta en la que caben toda clase de abusos. No queda más que abrigar la esperanza de que se tomen las acciones para corregir el rumbo, y que se tomen a tiempo. Si no lo hace Electricaribe, que al menos el Gobierno disipe los temores de una amenaza real de apagón.
