Una laboriosa actividad de las cancillerías de Colombia y Venezuela condujo a la reapertura gradual, desde hoy, del paso fronterizo entre los dos países. Había sido cerrado en agosto de 2015 por el presidente venezolano Nicolás Maduro con el pretexto de ataques de paramilitares colombianos a la fuerza pública de su nación.
El arreglo, que se inicia con el paso peatonal, quedando para una siguiente fase el de vehículos, se había demorado demasiado. En casi un año los perjuicios son difíciles de medir pero graves y cuantiosos, y pasan desde tragedia humanitaria entre familias vulnerables, como las de los deportados, hasta la mayor desconfianza de hoy para las relaciones comerciales. Nada garantiza que, frente a una nueva crisis, se tomen medidas similares al cierre, o peores, sin medir con buen juicio las consecuencias.
La crisis interna en Venezuela, el motivo de fondo, ahora es más aguda y se refleja en todos los ámbitos. El político y social-económico, en primer lugar. Maduro enfrenta una severa recesión e inflación y una férrea oposición, que ya domina la Asamblea Nacional y pretende revocarle el mandato. La tendencia es hacia mayor polarización en la medida en que el oficialismo ejerce sus poderes para dificultar la acción política de revocatoria.
Entre tanto, Juan Manuel Santos enfrenta el plebiscito por la paz, proceso en que ha tenido el apoyo de Venezuela, ratificado el jueves por Maduro, con baja aprobación de su gobierno y con el compromiso de sacar adelante reformas impopulares, como la tributaria.
En ese contexto, la reapertura de la frontera es victoria política para los dos gobiernos.
La frontera se reabre con controles a los ciudadanos, que tendrán cédula fronteriza, con cinco pasos autorizados en 2.200 kilómetros. Entre los puntos abiertos está Paraguachón, cerca de Maicao (La Guajira).
Al hacer el anuncio, Santos dijo que habrá una nueva reunión el 23 de agosto para acordar medidas para un suministro eficiente de combustible y controlar el contrabando. También se activará un Centro Binacional contra el Crimen Organizado, con sede en Venezuela, que reforzará la seguridad. Otra decisión es la creación de una canasta básica familiar para transportar alimentos de lado a lado. Queda por definir la cantidad de mercado por familia o persona.
Venezuela tiene un desabastecimiento de alimentos estimado en el 82% de sus necesidades. Una apertura provisional de ensayo en Cúcuta produjo hace un mes una romería de compradores venezolanos que superó todos los cálculos.
Las reacciones de la población afectada por el cierre han sido de complacencia, mientras que el sector empresarial colombiano pide claridades acerca del pago de las ventas que pudieran hacerse. El comercio entre los dos países, pese a los acuerdos vigentes, ha bajado a niveles que no tienen justificación, dado el tamaño de las poblaciones y la producción.
La apertura gradual de la frontera es un paso conveniente para miles de familias que tienen nexos con ambos países, y posiblemente para la economía. Sirve, en todo caso, para bajar las tensiones internacionales y como lección para no hacer política interna con agresiones a los vulnerables y a los países fronterizos.
