Toda organización guerrillera tomó la decisión de alzarse en armas porque sus miembros quisieron enfrentarse a un gobierno para buscar, eventualmente, la toma del poder. Los movimientos subversivos que surgieron a mediados del siglo pasado alentados por las tesis maoístas, marxistas-leninistas y guevaristas, tenían su razón de ser en el arraigo sobre un pueblo que los apoyara y en cambiar el sistema.
Las Farc, alma y nervio del último conflicto armado del hemisferio occidental, el cual ha estado desangrando a Colombia por más de 50 años, dijeron ayer que están “listas” para “abordar y discutir” los procedimientos para el “tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto”. Es decir, manifiestan querer ser una opción dentro del abanico de posibilidades del espectro político.
Al término de un nuevo ciclo de negociaciones, la guerrilla dijo que sobre ese tema le entregaron al Gobierno “un paquete de propuestas básicas que esperan conclusiones”.
El anuncio es un paso previsible en un proceso de paz que va avanzando a su propio ritmo, que se ha extendido por más tiempo del anunciado inicialmente y que, por momentos, ha desbordado la paciencia de los colombianos. El curso normal de los hechos debería conducir a la dejación de armas, al reintegro de los guerrilleros a la vida civil y a que ejerzan en algún momento sus derechos políticos.
Sin embargo, ningún proceso de paz del mundo avanzó sin tropiezos. No hubo negociación perfecta y cuando más se pensó llegar al final, más escollos aparecieron en el camino. Por esa razón es imperioso que cada planteamiento como este se acompañe de hechos que muestren la voluntad de llegar a buen término.
El anuncio del jefe negociador de las Farc es la ratificación de que esa guerrilla quiere ser parte de las opciones políticas del país en un futuro cercano y hacer propuestas que representen esa visión. Ojalá los hechos sigan acompañando sus palabras, puesto que este grupo ya le ha mentido antes al país, y el actual proceso afronta una crisis de credibilidad que haría inviable un engaño más.
Una condición ineluctable para avanzar hacia ese escenario es resolver una tarea que sigue pendiente en la discusión en La Habana, y es el mecanismo de justicia que será implementado para que no haya impunidad con los crímenes de la guerrilla. Se han mencionado alternativas de reclusión, más allá de la cárcel, pero esa carta no se ha puesto todavía sobre la mesa de cara a la opinión pública.
Es importante, ante el nuevo anuncio de las Farc, que además de discutir el paso de la participación política se ofrezca claridad en dos de los puntos que más preocupación despiertan en la población: la justicia y la reparación a las víctimas.
Ya se vivieron experiencias en Colombia de grupos subversivos que pasaron a ser movimientos políticos, como el M-19, el EPL y la Unión Patriótica, este último como brazo político de las Farc en la década del ochenta.
Las experiencias fueron dolorosas. Grupos paramilitares asesinaron a miles de reinsertados en una época en la que había un Estado débil y penetrado por las mafias del narcotráfico.
Corren otros tiempos
Colombia no resiste otro fracaso en el empeño de buscarle una salida negociada al conflicto, pero la paz no se consigue a cualquier precio.
La cúpula de las Farc debe tener conciencia de que no hay espacio para una guerrilla en la actualidad. Pero el Gobierno tampoco puede olvidar que el surgimiento de la subversión estuvo motivado por injusticias sociales que, hoy en día, cuatro o cinco décadas después, no han sido totalmente superadas.
