La escalada desatada en los últimos días por las guerrillas de las Farc y el ELN, en especial contra la infraestructura petrolera y energética, ha creado zozobra social en diferentes regiones del país.
Mientras frentes de las Farc se ensañaron con el oleoducto Orito-Mansoya, en el departamento del Putumayo, y una torre de energía en Chorrera, en la jurisdicción del municipio guajiro de Distracción, el jueves una columna urbana, aparentemente del ELN, puso dos explosivos en las oficinas de una entidad financiera en Bogotá.
Las acciones del grupo que negocia la paz en La Habana produjeron derrame de crudo y racionamientos de luz en varias poblaciones; las de la guerrilla que busca iniciar el proceso, heridas a por lo menos 10 personas y algo más, cuyo impacto aún no se calcula: la reminiscencia del terror en las ciudades.
Los unos están intentando demostrar que tienen capacidad de presión frente a sus exigencias en la mesa de Cuba, relativas, particularmente, al establecimiento de un cese el fuego bilateral; los otros, que ante la posibilidad de una negociación no son una guerrilla vencida, como han sugerido algunos observadores, y que aún disponen de márgenes de maniobra para alterar el orden público.
Según los registros de la Defensoría del Pueblo, entre la última semana de mayo y la primera de julio van 39 atentados que han causado desastres ambientales, cortes de servicios públicos y una sensación generalizada de inseguridad entre la población. El del jueves fue uno de los más osados y graves de todos, puesto que implica el retorno de los ataques armados al contexto urbano, y más concretamente a la capital del país.
Si bien el Estado Colombiano ha mantenido la premisa de la negociación con hostilidades, y ha ratificado que se dispone a sostenerla, resulta difícil entender que las acciones bélicas se hayan recrudecido con el avance de las negociaciones.
Si la idea es dialogar en medio de las acciones militares, puede entenderse que las Fuerzas Armadas intenten mantener a toda costa el control territorial del país y que, a su turno, los guerrilleros insistan en socavarlo. Lo que cabría interpretarse es que todos los bandos están reforzando o haciendo ver capacidad de negociación, si bien es inobjetable que la única legitimidad es la que asiste al Ejército y las demás Fuerzas para mantener la seguridad nacional.
Pero una cosa son las acciones de guerra y otra los ataques contra civiles. Lo que ha dicho el Derecho Internacional Humanitario es que los actores del conflicto deben mantener al margen de él a los ciudadanos, so pena de violar el espectro de derechos que cubre su libertad sagrada a la neutralidad.
No ocurre así cuando el trofeo que suelen suponer estos actos se busca a costa del sufrimiento de los pobladores comunes y corrientes que ya no pueden transitar por una vía, o salir a pescar en la madrugada, o sembrar la tierra de sus ancestros o sentarse en la terraza de sus casas o prender un ventilador para aplacar las altas temperaturas. Mucho menos cuando ya ni siquiera pueden ir a un banco, a plena luz del día, en céntricos sectores de la capital de la República, a realizar una diligencia de pensión o cesantías.
Son actos que trascienden cualquier comprensión y que, en tanto crean tensión y ponen en peligro la vida humana, tienen un carácter demencial frente al cual no cabe ninguna justificación.
