Se estima que en Colombia hay unos 50 millones de celulares, de los cuales un 88 por ciento pertenece a usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Es una muestra clara del crecimiento en 20 años de ese servicio en el país, que hoy cuenta con tres grandes operadores: Movistar, Tigo y Claro.
Un efecto ostensible del advenimiento de la industria de los celulares ha sido el paulatino debilitamiento de la telefonía fija, que hoy ocupa un lugar subalterno. Ya no reina como hace años.
Y los beneficios de este salto tecnológico han sido múltiples, contribuyendo al mejor desenvolvimiento de la economía al hacer más rápidas y efectivas las comunicaciones. Los negocios hoy son más ágiles.
Pero por estar este servicio en manos de monopolios privados, y por ser el Estado, de acuerdo con la Constitución y las leyes, el responsable de regular la prestación de los servicios públicos, era necesario que interviniese para que las relaciones entre los operadores y los usuarios se dieran en condiciones que evitaran el abuso de la posición dominante en aras de la igualdad y de la calidad en el servicio.
Por eso, la Comisión Reguladora de Comunicaciones expidió la Resolución 4444 de este año suscrita por el Ministro de las Tecnologías y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, y por el director ejecutivo de esta comisión, Carlos Pablo Márquez.
De acuerdo con esa normativa, desde ayer se prohíbe el establecimiento de cláusulas de permanencia en los servicios de comunicaciones móviles. Significa que a partir de ahora los usuarios no quedarán ‘atados’ a los contratos de permanencia que regían para períodos entre 12 y 24 meses.
También los usuarios tendrán la libertad de adquirir los aparatos móviles en los hipermercados u otros puntos de venta o si lo prefieren en los centros habilitados por los operadores. Así mismo, podrán decidir si optan por los planes pospago o prepago. Se ha precisado, además, que quienes venían con contratos de permanencia deberán esperar que se venzan.
Una de las insoslayables obligaciones que contraen los operadores es la de entregar la factura de manera detallada, es decir, el consumo y el saldo del aparato cuando sea adquirido en un operador. Ahora los operadores, si hay retrasos en el pago de las facturas, no podrán cortar los servicios, pero pueden reportar a los usuarios a las centrales de riesgo.
Dos son entonces los cambios notables que introduce la resolución: acaba con la obligatoriedad de permanecer por un tiempo con alguno de los operadores existentes y libera la venta de los celulares al permitir el ingreso de nuevos jugadores al mercado.
La gran tarea que le queda pendiente al Estado es el combate al robo de celulares que ahora, según todos los pronósticos, seguramente se disparará. De todos modos, es plausible esta medida, pues va en la dirección de proteger los derechos de los usuarios.
De hecho, causaba desazón a los ciudadanos tener que admitir las reglas de permanencia que unos operadores, prevalidos de su posición dominante, imponían sin que los usuarios pudieran hacer nada. El Estado tenía que ponerle un freno a esto, y se lo puso.