La unión hace la fuerza. Este dicho popular podría ser el lema de la Unión Europea. En estos tiempos difíciles de un resurgir nacionalista en todo el mundo, los pro-europeos suelen esbozar el argumento de que 28 países juntos tienen mucha más influencia en un mundo globalizado que cada uno por sí solo. Ni siquiera el Reino Unido, antaño imperio, ocupará un papel destacado en el concierto internacional cuando termine –si lo hace– el agónico proceso de salida de la UE que parece ir a la prórroga. 

Recelosos del poder del club europeo, Donald Trump y Vladimir Putin intentan alimentar la discordia entre los miembros de la UE. Porque hacer unión no suele ser un ejercicio fácil, menos aún entre tantos países y gobiernos de colores muy diversos. La UE tiene un brazo ejecutivo en la Comisión Europea, pero las decisiones clave las toman los 28 países miembros –27 sin Gran Bretaña–. Los problemas son especialmente evidentes en materia fiscal. Bruselas se ha propuesto luchar contra los paraísos fiscales y las prácticas de minimización de impuestos de las multinacionales, sobre todo los gigantes tecnológicos como Google y Facebook, muy nocivos para los erarios públicos en Europa y otras partes del mundo. 

El martes los ministros de Economía y Finanzas europeos alcanzaron un acuerdo para ampliar la llamada “lista negra” de paraísos fiscales de 5 a 15 miembros. Las nuevas ovejas negras incluyen los Emiratos Árabes Unidos, Barbados, las Islas Marshall, Aruba, Belice, Bermudas, Fiji, Vanuatu, Omán y Dominica. Se les señala por su falta de colaboración con las autoridades europeas. El comisario Europeo de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici, celebró la ampliación de la lista como “un verdadero éxito”. 

Sin embargo, para algunas organizaciones como Oxfam, la lucha de Bruselas contra los paraísos fiscales no deja de ser hipócrita porque obvia que en la propia UE hay países que se benefician de regímenes fiscales poco transparentes y que practican dumping fiscal, como Luxemburgo, Malta, Chipre o Holanda. Irlanda, por su parte, alberga las sedes europeas de las grandes tecnológicas gracias a un tipo impositivo bajísimo. No sorprende que el gobierno de Dublín haya torpedeado con todas sus fuerzas un impuesto especial en la UE, conocido como “tasa Google”. En su reunión del martes, los ministros tiraron por fin la toalla por falta de consenso. Ahora se pretende buscar una solución a nivel global, en el seno de la OCDE, como si fuera más fácil encontrar consenso en un club todavía más amplio y diverso.

Algunos gobiernos, como Francia o España, están dispuestos por ahora a introducir la ‘tasa digital’ por su propia cuenta.

Por fracasos como el del impuesto digital, Moscovici y otros defienden el fin del principio de unanimidad en el club de los 28 para decisiones en materia fiscal, con razón. Es loable intentar llegar a consensos, pero esto no puede acabar en bloqueos frecuentes. Alguien –mejor algunos– tiene que dar el primer paso para mejorar las cosas.

@thiloschafer