El narcotráfico y la criminalidad en Colombia han tenido como instrumento principal de guerra a la población civil, la cual ha estado y está a merced de la violencia, así como de la ausencia del Estado.

La masacre de Tibú, Norte de Santander, que ha sido atribuida a la banda criminal Los Rastrojos, es la muestra de que la violencia sistemática y generalizada contra los civiles sigue siendo una dolorosa realidad en el país. A lo largo del 2020 se han ejecutado tres masacres en la zona rural de Cúcuta, una región donde los cultivos ilícitos y la disputa por el territorio entre bandas criminales y el ELN, ha derivado en el desconocimiento de los derechos y garantías de campesinos de la zona. 

La masacre del 17 de julio dejó a 8 campesinos sin vida y 400 personas desplazadas ante la amenaza de más asesinatos contra la población. Una de las personas asesinadas, Ernesto Aguilar Barreras, fue encontrado con signos de tortura y sin manos; se trataba de un miembro de la Junta de Acción Comunal. Estos hechos deben ser conocidos por la sociedad, toda vez que demuestran que el paramilitarismo nunca ha dejado de ser una amenaza y que su modus operandi, la tortura, las desapariciones forzadas y las masacres, sigue siendo una constante en el territorio colombiano. 

Ahora, cabe preguntarse si el Estado ha sido efectivo a la hora de garantizar la protección de grupos campesinos y líderes que son blanco de amenazas y atentados contra su vida e integridad física. Al respecto, se conoce que antes que ocurrieran estas masacres la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas, advirtiendo que campesinos en la zona rural de Cúcuta podrían ser víctimas de masacres por bandas criminales.

Aunque parezca mentira, la mayoría de masacres en Colombia han sido la crónica de una muerte anunciada frente a la cual el Estado no ha tomado las medidas necesarias para garantizar la vida y proteger a la población civil. 

A pesar que la seguridad ha sido un argumento recurrente para la elección de presidentes en el país, sigue siendo inquietante que no haya unanimidad sobre lo que un país seguro significa. Una política de seguridad debe tener por propósito principal la protección de la vida de toda la población, garantizando la universalidad en el respeto por los derechos humanos y su goce efectivo. 

El país tiene una larga historia de violencia donde grupos armados, bandas criminales y carteles de narcotráfico han cercenado las posibilidades de un país en paz y, si bien ha habido avances significativos como el Acuerdo del Teatro Colón suscrito con las Farc, estamos lejos de ser un país libre de violencia.

El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y la vida de líderes sociales, campesinos y población vulnerable; es una demanda del Estado social y democrático de derecho que se debe atender sin excusas. 

@tatidangond