En las últimas semanas he escrito una serie de columnas en las que he expuesto las razones por las cuales los colombianos debemos confiar en la instituciones, en el Estado de derecho y la justicia transicional.
La fuga de ‘Jesús Santrich’ podría poner en entredicho la eficacia de nuestros tribunales para garantizar la justicia, así como el compromiso de las Farc con el proceso de paz. A pesar de los recientes hechos, no podríamos sucumbir en la trampa de creer que el accionar de un miembro del grupo desmovilizado corresponde a la voluntad o la intención de otros o que compromete la labor que adelanta tanto la justicia ordinaria como la transicional.
Ahora, este hecho no debe pasar desapercibido y menos aún tomado con la naturalidad a la que de cierta forma nos hemos acostumbrado a responder ante la delincuencia; debe ser un aprendizaje para la justicia, para entender que una vez se adopta la decisión de adelantar en Colombia los procesos de líderes de las Farc que puedan estar involucrados en actividades de tráfico de drogas, se deberán tomar decisiones de forma cautelosa de modo que este tipo de hechos no deriven en la deslegitimación del ejercicio de la justicia nacional.
Está claro que al decidirse que la extradición de ‘Santrich’ no sería avalada, todos los ojos estarían sobre la justicia nacional y su eficacia para responder ante las exigencias en materia de lucha contra la impunidad y construcción de paz, lo que implica que existe una mayor responsabilidad y presión sobre los tribunales para que esto no se traduzca en una razón para que la extradición cobre vigencia nuevamente, en contraposición al ejercicio soberano de la justicia, al reconocimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
Ahora, la ciudadanía debe tomar estos hechos con mucha mesura de modo que persista el ímpetu de voluntad de paz, de reconciliación y de construcción de los relatos de la guerra que permitan la reivindicación de los derechos de las víctimas y de los grupos vulnerables que históricamente han sido los principales afectados del conflicto armado. Por su parte, las autoridades deben garantizar que los procesos que se adelanten en el país respondan a estándares de justicia e investigación, y que los responsables de actos de narcotrafico cometidos con posterioridad a la firma del Acuerdo sean sancionados con la severidad de la Ley. De otra forma se podría dar un mensaje equivocado a quienes persisten en la delincuencia y carecen del temor del imperio de la ley.
@tatidangond
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