En las últimas semanas ha sido noticia el complicado momento que vive la empresa Triple A. La situación ha sido motivada por una orden de la Fiscalía, que dictaminó que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumiera en calidad de secuestre la participación de Inassa, su accionista mayoritario, debido a una serie de irregularidades en el proceso mediante el cual esa empresa logró hacerse con cerca del 80% de la participación accionaria. Es un caso complejo, en el que están involucrados varios actores y que sin duda demandará un proceso largo, tedioso y lleno de incertidumbres. Sin embargo, lo que verdaderamente está en juego es la confianza en la prestación de servicios públicos esenciales para los barranquilleros, agua, aseo y alcantarillado; una tríada imprescindible que desde hace varios años estaba siendo administrada de manera correcta y eficiente, o al menos así se percibía por parte de los usuarios.

Quién haya vivido en Barranquilla hace unos treinta o más años, recordará que el suministro de agua potable de la ciudad era un desastre. El servicio era inconstante, la calidad del líquido se constituía en un peligro de salud pública, hasta pequeños peces alcanzaron a salir por los grifos en aquellas épocas. Algo similar ocurría con el aseo y el alcantarillado, que además tenían niveles de cubrimiento pobrísimos, cercanos al 60%. La ciudad estaba sumida en el desabastecimiento y la insalubridad.

Todo esto fue el fruto de la despiadada depredación a la que fueron sometidas las Empresas Públicas Municipales, politizadas y saqueadas, víctimas de una clase política que logró arruinar uno de los negocios más estables y seguros que se puedan imaginar. Tanto así, que con un esfuerzo importante pero moderado, Triple A logró cambiar el panorama en pocos años, llegando a coberturas cercanas al 100% en sus servicios y alcanzando cosas que se consideraban inverosímiles, como el reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Salud en 2016, que exaltó el agua que consumen los barranquilleros como la mejor del país. Queda nuevamente demostrado que las administraciones públicas son capaces de destruir cualquier negocio, por rentable que este sea.

Por todo esto considero que la intervención a la empresa Triple A quizá sea necesaria, pero es decididamente inoportuna. En estos momentos no sabemos qué va a pasar con Electricaribe, no hay seguridad sobre el futuro del canal de acceso del puerto y todavía no hemos concluido obras de infraestructura de gran importancia para la ciudad. Con este panorama no hace falta señalar que sumar una incertidumbre concerniente a los servicios de agua, aseo y alcantarillado, que hoy funcionan muy bien, ayuda muy poco a nuestras pretensiones de atraer inversión y empleo.

Hay un tiempo para cada cosa, reza un refrán popular. Ojalá que la prudencia aconseje a quienes están involucrados en todo este asunto y seamos capaces de no estropear lo que funciona. Se está jugando con las bases mismas del bienestar.

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