El proyecto de decreto-ley de acceso a la tierra y ordenamiento de la propiedad rural está siendo objeto de una enorme controversia y de una confusión de iguales proporciones. Los representantes de los posibles beneficiarios y de los que creen que van a salir perjudicados están enfrentados, y estos últimos están empeñados en no dejar que se expida la ley. Lo que se requiere es que lleguen a un compromiso y se expida una ley que cumpla con el acuerdo en materia de acceso de los campesinos y los pequeños propietarios a la tierra.   

Esto se hizo muy evidente en el programa de Yamid Amat que precedió el noticiero CMI el 4 de mayo en el que se quiso promover una discusión entre el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, con relativo poco éxito. Uno hablaba de la necesidad de proteger la propiedad privada y el otro también, pero no se referían a la misma propiedad privada. Al vocero de los ganaderos le preocupaba la de los actuales propietarios y el de la agencia de tierras estaba pensando en la de los adjudicatarios de la reforma agraria. Lo mismo sucedió con el tema de la seguridad jurídica y al final del programa con el criterio de productividad y utilización eficiente de la tierra. Samper pensaba que Lafaurie se tranquilizaría sabiendo que no van a expropiar las fincas de recreo, y este no supo explicar que a lo que le teme es a la expropiación administrativa de las grandes haciendas de ganadería extensiva. Como no llegaron a una conclusión acordaron seguir hablando entre sordos el lunes próximo. 

Ojalá no decida el gobierno que con ese tipo de encuentros improductivos se socializa el tema y expida el decreto a la carrera. El proyecto es excesivamente ambicioso, su redacción es vaga, se presta a interpretaciones opuestas y deja abiertas muchas puertas para generar conflicto y promover intranquilidad. La solución es simplificarlo y reducir su alcance. Ana María Ibáñez me envió un estudio que llevaron a cabo ella, otros profesores de la Universidad de los Andes (Tatiana Alfonso, Helena Alviar, Fabio Sánchez, Mauricio Velásquez) y Rocío Londoño, del Centro de Memoria Histórica, por solicitud del gobierno que recomienda precisamente eso. 

Ven el proyecto con buenos ojos y como una gran oportunidad para corregir las debilidades de la Ley 160 de 1994. Advierten que es inconveniente derogar completamente el marco regulatorio que se ha gestado en el tiempo y en la práctica. Proponen limitar el alcance de la ley a cinco punto principales: creación del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, registro de los beneficiarios del acceso a la tierra y su uso, formalización de la pequeña y mediana propiedad rural por barrido predial y régimen de transición para la formalización masiva de ocupaciones actuales. Esta recomendación se debe atender, y si no hay tiempo para desarrollar los cinco puntos, expedir por lo menos lo referente a los tres primeros.