Cuando los países se encuentran en procesos de salida de dictaduras, de graves contiendas civiles o de otras situaciones caracterizadas por violaciones masivas de los derechos humanos, es frecuente que algunos sectores sociales traten de omitir la verdad factual de los episodios atroces e intenten sustituirla por un relato que hace abstracción de la positividad de los hechos y se presenta como una interpretación general del pasado. “Aquí no hubo asesinatos ni desapariciones, sino un esfuerzo noble y abnegado para salvar la libertad y la soberanía de la patria” afirmaron los militares de Chile, Argentina y Uruguay cuando las respectivas comisiones de la verdad sacaron a la luz los actos de inhumanidad cometidos contra miles de sus connacionales.
Esta argumentación suele formar parte de una política de construcción del pasado que surge justamente durante la transición de una sociedad hacia un futuro de paz, derecho y democracia, afirma el investigador colombiano Alfredo Gómez Muller en su ensayo Olvido, ideología y memoria. La política del olvido favorece los intereses particulares de los perpetradores, pues busca borrar no solo el pasado sino también el deber de reparar y la posibilidad de ser juzgados y castigados. Abolir el pasado es para este autor abolir al mismo tiempo las exigencias normativas de las víctimas. Es este, por tanto, un conflicto político y simbólico en el que un grupo particular que ocupa el Estado se atribuye el poder de decidir lo que la sociedad debe olvidar y recordar en el espacio público.
El olvido va también de la mano del silencio pues el lenguaje es poder. Poder de obligar al otro a callarse o a hablar, dice David Le Breton en su obra El Silencio. Este poder que implica que el otro se calle y se subordine a su palabra tiene los medios necesarios para reducir a la oposición mediante el encarcelamiento, la censura, el exilio, la muerte o la forzada desaparición. Se trata de destruir, escribe Breton, toda palabra que pueda ponerle en tela de juicio, desvirtuando su valor y privándola de consistencia para impedir que haya alguien que pueda recogerla y transmitirla.
Los intentos de anular la dimensión ética de la memoria y con ella la posibilidad de hacer justicia van en contravía de las formulaciones normativas en el plano del derecho internacional humanitario y de diversas jurisdicciones nacionales así como de movimientos civiles y organizaciones de víctimas en diversas partes del mundo que contemplan el derecho inalienable a la verdad, el deber de memoria y el derecho a saber de las víctimas. La memoria aunque múltiple y conflictual puede permitirnos, a través de su articulación con la verdad factual, hacer inteligible lo humano pero también los actos inhumanos que afectaron a una sociedad.
La recurrente tentativa de negar los abusos y las desapariciones nos hace evocar una anécdota del obispo y Premio Nobel sudafricano Desmond Tutu sobre los difíciles tiempos del apartheid con todo su régimen de violencia y exclusión hacia la población negra. En esos días aciagos les visitó en Sudáfrica el ministro de asuntos marinos de Zambia, un país ubicado en el centro-sur del continente africano, sin acceso al mar. Ante la curiosidad de los sudafricanos por esta incongruencia le preguntaron al funcionario visitante cómo podía existir un ministerio de asuntos marinos en un país que carecía de mar, este les respondió que más asombroso era el que existiese en Sudáfrica un ministerio de justicia, un país que nunca había tenido idea de ella.
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