En días pasados, al escuchar noticias sobre el proceso constituyente en Chile, volaron mis recuerdos a 1973 cuando se quebró su democracia constitucional y se instauró una dictadura militar caracterizada por un autoritarismo extremo que concentró el poder en manos de Pinochet. En 1990 se restableció la democracia, producto de un plebiscito y la elección presidencial de Patricio Aylwin. El año pasado, mediante referendo, se convocó una constituyente para la construcción de una nueva carta magna que afiance y profundice aún más la democracia chilena bajo las premisas de inclusión, justicia, equidad social y desarrollo sostenible. 

Con la instalación de la Convención Constitucional, los chilenos empezaron a cristalizar el anhelado proceso de transformación política del país que, en el marco de su democracia, atienda las demandas sociales reclamadas a través de protestas y paros, y que se definen como producto de las falencias e injusticias derivadas de las normas constitucionales impuestas por el régimen dictatorial.

El primer acto de los 155 constituyentes fue expresivo de inclusión social y racial: el reconocimiento de las comunidades ancestrales y el carácter multiétnico de esa nación, al elegir como presidenta de la asamblea a la profesora Elisa Loncón, lingüista con doctorados en Humanidades y Literatura y activista mapuche, el más importante de los pueblos ancestrales.

En su discurso inicial, la presidenta de la Convención ratificó la importancia del reconocimiento de la cultura, las lenguas, los territorios y todos los derechos indígenas, pero también pidió desatender los prejuicios al respecto, recalcando que el objetivo del proceso es construir una nación de carácter plurinacional e intercultural.

Así mismo, los constituyentes tienen una ardua tarea en el ámbito social pues el mayor descontento de la ciudadanía radica en los inconvenientes para el acceso a la salud, la educación, la seguridad social, entre otros derechos fundamentales. Otro de los frentes que se prevé abordará la Convención es la transformación del sistema político y de gobierno en la búsqueda del equilibrio de los poderes públicos. Sobre esto, la politóloga Pamela Figueroa explicó a BBC Mundo que “una de las grandes causales de la crisis en Chile fue la rigidez institucional que generó un régimen hiperpresidencial, que es bicameral pero donde las cámaras no tienen peso real y los partidos políticos son muy débiles".

Con base en las experiencias vividas en Colombia, deseamos que el pueblo chileno reescriba su historia sin divisiones ni enfrentamientos estériles que terminen aumentando la polarización y ahondando las heridas de un pasado violento que ningún país debe repetir.

La redacción de la nueva Constitución debe ser un punto de encuentro para todos sus habitantes, un abrazo fraterno entre sus comunidades y la línea de partida para una Constitución que reconozca y asegure los derechos humanos y el desarrollo sostenible en esa hermana nación a la que Latinoamérica y el mundo observan con gran expectativa y optimismo.