El derecho de defensa, al debido proceso en un plazo razonable, la impugnación de los fallos para garantizar doble instancia y/o doble conformidad, la rebaja por trabajo o estudio, son algunas de las garantías básicas de una democracia, y hoy en día en el país parecen no existir.

No sé en qué momento Colombia entró en una corriente del derecho penal del enemigo, de la venganza, del talión, del no a segundas oportunidades, de la no resocialización. Es como si un odio estuviera en todas las acciones, dejando por fuera la justicia y la oportunidad de resiliencia, de caer y levantarnos, de cambiar.

Cada vez que una persona es dejada en libertad por vencimiento de los tiempos que trae la ley se pide investigar al juez y al abogado defensor, cuando estas libertades jamás se pueden dar por maniobras dilatorias del defensor o su cliente. Está prohibido por ley la libertad de una persona si hay dilación indebida por la defensa o el procesado, no puede un juez dejar en libertad a un ciudadano si hubo maniobras ilegales, ilícitas o injustificadas por el defensor.

Cada vez que se concede una detención domiciliaria salen a buscar nuevas imputaciones para poder mandarlo a la “cárcel” sin entender que los fines de la medida o en algunos casos la condena, se puede cumplir en detención o en prisión domiciliaria, con igual justicia.

Cada vez que un condenado redime su pena por buen comportamiento o estudio a algunos les parece un “exabrupto”, ignorando que la resocialización y la reincorporación son postulados de nuestro estado social y democrático de derecho.

Esto ocurre en casos como pedir la cadena perpetua a un delincuente, ya que es pedir venganza y no mirar como prevenimos de verdad el delito sobre nuestra niñez, a través de alertas tempranas en colegios y comisarías de familia y penas efectivas.

Lo que faltaba, que la Corte Suprema de Justicia se indignara porque la Corte Constitucional reconoció algo que es evidente: el derecho de una persona a impugnar su condena.

La favorabilidad opera en derecho penal, es excepción a la irretroactividad de la ley penal y además sirve para romper la cosa juzgada, oponerse a este derecho es oponerse al estado democrático, así de fácil y sencillo.

Lo que sorprende es el contenido del fallo en lo que se conoce: primero, cuatro salvamentos de voto, entre ellos un penalista y un procesalista que en sus clases enseñaban otras cosas y, luego, generar un monstruo jurídico igualando el derecho a impugnarlo con la acción de revisión. Estas declaraciones lo que revelan es un miedo al qué dirán.

El día que nuestras instituciones defiendan los derechos fundamentales y las garantías de los colombianos sin miedo al costo político o al qué dirán seremos un país viable, antes no.