Salvo excepciones, son una verdadera comedia. Prueba de ello es el informe del domingo de EL HERALDO titulado ‘Alcaldías municipales, entre desmanteladas y endeudadas’. 

Los empalmes son una obligación legal y su intención, al menos en teoría, es buena. Buscan una ‘transición armoniosa’ entre las administraciones salientes y las entrantes. Deberían, por tanto, ser un auténtico y pormenorizado ejercicio de rendición de cuentas. Pero no. Estos empalmes, por lo general, son una pantomima. 

Lo más insólito esta vez fue lo de la exalcaldesa de Lorica, Córdoba, la bella Nancy Sofía Jattin. Arrancó el inodoro de su despacho con el argumento de que lo había comprado ella. Y se lo llevó. Esto, supongo, solo sucede en Macondo. Cargó, asimismo, con otras cosas que, según ella, había adquirido con su dinero. Aun siendo cierto, lo que hizo es impresentable. La Procuraduría la está investigando. 

El alcalde de Juan de Acosta dice que su antecesor solo le dejó colgado en la pared un retrato de Simón Bolívar (muy patriota el hombre), una sede con paredes agrietadas y unos archivos arrumados. Los alcaldes de Malambo, Soledad y Sabanalarga dicen haber encontrado un endeudamiento elevado. El de Malambo dijo que el municipio está “quebrado”. Y el de Soledad manifestó que no recibió toda la información financiera. 

No me quiero imaginar cómo fue el empalme en la totalidad de municipios del Caribe colombiano. 

Me parece que entre las ‘transiciones armoniosas’ están las de la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, pero sería bueno que los gobiernos entrantes nos contaran en detalle qué hallaron. 

En el caso de la Gobernación salta a la vista que en el tema del Cari no hubo información confiable y completa porque el día que la gobernadora Elsa Noguera se posesionó en Tubará ignoraba que el gerente Ulahy Beltrán había firmado un contrato de concesión a 15 años con un operador privado. Lo ignoraba también (inaudito) el exgobernador Eduardo Verano, que estuvo sentado en primera fila en el evento. 

Se me ocurre que estos procesos de empalme deben replantearse si queremos que los discursos de posesión  contengan datos, cifras y referencias claras y verídicas a qué cumplieron y qué no los mandatarios salientes en sus planes de desarrollo. 

El colega Ricardo Rocha recomienda, por ejemplo, que 60 días después de asumir los gobernantes territoriales deberían informar qué recibieron e indicar de dónde parten para seguir avanzando en la gestión pública. Y Javier Palacio, mi compañero de Protransparencia, cree que los empalmes deben contar con agentes del Ministerio Público. De lo contrario, como dice Jairo Parada, seguirá siendo “la misma historia de siempre”. 

El episodio surrealista del inodoro es lo de menos. Lo aberrante es lo que se roban exgobernadores, exalcaldes y exsecretarios y luego salen a disfrutar sin pudor, sin  remordimientos y sin castigo.    

@HoracioBrieva