Hace muchos años, en una reunión académica con el Dr. Augusto Sola, uno de los líderes mundiales en la investigación neonatal, revisamos las implicaciones que para un proyecto que iniciábamos entrañaba la falacia argumentum ad ignorantiam (llamada a la ignorancia), cuya interpretación para el tema de esta columna puede ser hecha de la siguiente forma: “La ausencia de evidencia no puede ser usada como evidencia de ausencia”. En la última semana he recordado mucho ese seminario por el debate nacional generado ante la solicitud gubernamental para la reanudación de las aspersiones áreas con glifosato.

Antes de entrar en materia con el mencionado plaguicida, ilustraré con un ejemplo de actualidad el daño que puede acarrear la toma decisiones basadas en esta falacia.

Durante la pandemia muchos tratamientos conocidos como peligrosos han sido propuestos sin que la efectividad de los mismos se haya probado. Un ejemplo es el del dióxido de cloro. Sus “fanáticos” justifican su uso en que nadie ha podido demostrar que no sirva, por lo tanto, ¡debe servir! En la lógica que sustenta su decisión omiten evaluar los casos reportados de intoxicaciones por su consumo, algunas de ellas mortales. Tampoco aceptan que es muy poco probable que con rigor científico y respetando los principios bioéticos de la investigación en seres vivos, un investigador se aventure a poner en riesgo a personas para demostrar que es efectivo para prevenir o tratar la covid-19.

Nada de lo anterior ha logrado evitar, que, a pesar de las recomendaciones hechas por los expertos, un grupo de personas hayan decidido correr el riesgo de usarlo. En estos casos, la decisión se debe a una acción autónoma con efecto solo sobre el individuo.

Con el glifosato el tema se complica. La historia del amplio uso mundial de este producto ha estado llena de observaciones muy sugestivas acerca de los efectos nocivos que produce a mediano y largo plazo en los ecosistemas y en los seres humanos. Mucha de esa información fue sistemáticamente ignorada hasta que, finalmente, los datos llamaron la atención de la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud, la cual lo incluyó desde el 2015 en el grupo 2A de sustancias potencialmente cancerígenas (segundo grupo más importante de cinco que existen), por la aparente relación, no del todo probada, del uso del veneno con el posterior desarrollo de algunos tipos de cáncer.

Por lo anterior, Francia, Vietnam, Luxemburgo, entre otros, prohibieron su uso y cerca de una veintena de países más tienen restricciones severas para su aplicación. Las decisiones en estos países se tomaron invocando el principio de precaución, concepto en que se basa la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva.

En Colombia, los que apoyan el regreso de la aspersión aérea del glifosato, argumentan que nadie ha probado su efecto cancerígeno, por lo tanto, su uso es seguro. Esta opinión basada en la falacia argumentum ad ignorantiam puede afectar a muchos seres humanos, por lo que esperamos que el señor Ministro de Salud y su gran equipo de epidemiólogos y salubristas recomienden al presidente actuar con “precaución”.

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