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Inundaciones: el negociazo del siglo

Para el caso concreto de lo que sucede actualmente en la región de La Mojana, de los habitantes del sur del Atlántico, y los pueblos rivereños de los ríos Magdalena y Cauca, corresponde a los alcaldes iniciar el proceso coordinando sus acciones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las Gobernaciones de cada departamento, pues el proceso no es fácil y demanda recursos técnicos, humanos y financieros que no están al alcance de estos alcaldes, pues estos municipios son campeones en pobreza, pero por las narices de estos alcaldes pasa el olor de los billones de pesos en manos de contratista privilegiados, mientras que los funcionarios locales cargan con el muerto de la corrupción.

El presidente Petro recientemente propuso la idea de la expropiación de inmuebles por vía administrativa, como una fórmula para llevar solución al grave problema de las inundaciones en el país que anualmente causan pérdidas millonarias al campesinado colombiano. Hace 12 años fue la tragedia del sur del Atlántico y cada año se repite en la región de La Mojana sucreña. La salvación sería la reubicación, pero la gente prefiere morirse en su tierra y seguir peleando contra la naturaleza, que reclama lo suyo. Para unos, la inundación es una tragedia; para otros, el gran negocio. Unos lloran y otros ríen.

La propuesta del gobierno produjo otro vendaval en un país, la mitad Petrista y la otra mitad anti Petrista. Lo cierto es que esta figura jurídica de la expropiación por vía administrativa no es nueva. Viene desde la época de la Colonia donde se protege la propiedad privada. Ya en la Constitución Política de 1821 se habló de esta figura ante una necesidad pública, igualmente en la Constitución de 1836 y en la Constitución de 1886 se hizo referencia en el artículo 30. Y en la Constitución Política de 1991 el artículo 58 sigue garantizando la propiedad privada, pero con un elemento novedoso, como es su función ecológica.

En Colombia, como un Estado Social de Derecho, hay dos clases de expropiación de la propiedad privada: la judicial y la expropiación por vía administrativa. Su fundamento constitucional es el artículo 58 superior, así como la Ley 388 de 1997, concordante con los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 1523 de 2012, cuando se trate de problemas de calamidad pública como son las inundaciones, norma que tiene el aval de la Corte Constitucional (sentencia C- 227 de 2011), en cuanto a una indemnización justa. No existe una expropiación a la brava o en “par patadas”, desconociendo derechos.

Para el caso concreto de lo que sucede actualmente en la región de La Mojana, de los habitantes del sur del Atlántico, y los pueblos rivereños de los ríos Magdalena y Cauca, corresponde a los alcaldes iniciar el proceso coordinando sus acciones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las Gobernaciones de cada departamento, pues el proceso no es fácil y demanda recursos técnicos, humanos y financieros que no están al alcance de estos alcaldes, pues estos municipios son campeones en pobreza, pero por las narices de estos alcaldes pasa el olor de los billones de pesos en manos de contratista privilegiados, mientras que los funcionarios locales cargan con el muerto de la corrupción.

En La Mojana, miles de campesinos afectados por la malaria duermen con las gallinas en las ramas de los árboles, los niños lloran de hambre, mientras que las vacas y los cerdos caminan sin rumbo por las orillas de los caños buscando que aparezca el espíritu moderno de Cristóbal Colon, como en 1492, cuando en la noche del 12 de octubre, desde La Pinta, gritó: ¡Tierra a la vista!

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