Según el DANE, a mayo de 2021 la tasa de desempleo en Colombia fue del 15.1% equivalente a 3.600.000 personas desocupadas, siendo Riohacha, Quibdó, Cúcuta y Cali las que registran los más altos porcentajes.

En este triste escenario social es mejor mentarle la madre a un alcalde que solicitarle un empleo. La realidad es que no hay empleo y en un futuro cercano, tampoco los pueden crear. Así que los jóvenes de la primera línea y siguientes, pueden seguir protestando, dialogando, tirando piedras y quemando buses, que solución a corto plazo no la veo. 

El 95% de los municipios del país son pobres, no tienen recursos propios, subsisten de las transferencias que reciben de la Nación por el sistema general de participaciones (Ley 715 de 2001). Su estructura financiera no se los permite, pues así lo dice la Constitución Política y las leyes.

Siendo un poco pedagógico, podemos decir que en todo municipio existe un Plan de Desarrollo (Ley152 de 1994) que es el programa de gobierno que el alcalde ofreció a sus electores. Si no lo cumple puede ser revocado según los mecanismos señalados en la Ley 134 de 1994. Este plan se financia con recursos de los impuestos, transferencia, regalías, tasas, multas, contribuciones, destacando que más de la mitad de estos municipios no generan recursos propios. Las transferencias que reciben por el SGP llegan con destinación específica para educación, salud, saneamiento básico, deporte y recreación, cultura y el Fonpet, servicio de la deuda y la atención a grupos vulnerables, entre otros.

Un mínimo porcentaje de estos recursos del SGP son de libre destinación que ni siquiera alcanza para la reducida nómina que tienen las alcaldías. Si el alcalde se sale de esta línea comete peculado o prevaricato, pues tiene la vigilancia de Planeación Nacional para que cumpla los requisitos que le impuso la Ley 617 de 2000 (Fortalecimiento de la descentralización y racionalización del gasto), norma expedida bajo el gobierno de Andrés Pastrana siendo Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Manuel Santos, acogiendo las instrucciones del FMI y del Banco Mundial.

Así las cosas, la famosa descentralización administrativa que nació con la elección popular de alcaldes, todavía está coja y amarrada desde Bogotá. Los entes territoriales no tienen autonomía financiera, pues todo llega ordenado y distribuido desde el poder central y los pocos recursos que reciben son para financiar el plan de desarrollo municipal, documento en el cual no aparece el rubro para empleos, pues esta partida constituye gastos de funcionamiento, no inversión. Muchos de estos alcaldes prometieron puestos a todo el mundo.

¿Y los municipios ricos que tienen petróleo, carbón o gas? El Sistema General de Regalías – SGR- recibe recursos que hacen parte de la estructura presupuestal del Estado, para proyectos de inversión pública, no para gastos de funcionamiento. El empleo quedó por fuera. 
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