En un país como el nuestro lleno de conflictos, reclamos y quejidos, la disciplina del Derecho es un elemento de primera necesidad, pues tenemos una realidad social bien compleja. Y, una de las ramas que más dinamismo genera es el Derecho Administrativo, que estudia el engranaje de las relaciones del individuo con el Estado.

De ahí que la reforma que cursa actualmente en el Congreso de la República pretende lograr un sistema judicial más ágil y cercano al ciudadano, cuya congestión ha llevado a una pérdida de credibilidad de la justicia. Según estadísticas conocidas, el proyecto indica que el índice de favorabilidad de la justicia pasó del 38% al 17%, en el período comprendido entre febrero de 2010 a diciembre de 2018.

Si bien el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)- Ley 1437 de 2011- mejoró las anteriores normas, todavía existen aspectos que se pueden perfeccionar para hacerlo más eficiente especialmente en temas como la redistribución de competencia entre jueces administrativos, tribunales y el Consejo de Estado, eliminando algunas antinomias y ambigüedades que generan inseguridad jurídica, dudas y enredos frente al Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).

Este proyecto busca también hacer del Consejo de Estado el órgano cúspide de la jurisdicción contencioso administrativo, para trazar desde allí líneas de interpretación y resolver las controversias entre los distintos tribunales y jueces administrativos, para disminuir la actual carga laboral del Consejo de Estado que no lo hace productivo.

Es conveniente aclarar que la congestión es de locura. Según datos del Consejo Superior de la Judicatura, a corte de diciembre de 2018, el Consejo de Estado tiene cerca de 35.000 procesos, es decir, cada magistrado cuenta con 1300 expedientes; 85.586 procesos en los tribunales administrativos, 464 expedientes por magistrados; y los jueces administrativos, con 160.000 procesos, donde cada juez tiene en su escritorio 470 expedientes. Este panorama, sin incluir tutelas de todos los sabores y colores. Esta jurisdicción tiene 31 consejero de estado, 176 magistrados de los tribunales administrativos y 342 jueces.

Se requiere entonces no sólo de un nuevo código más eficiente, con este perfil que está estudiando el Congreso de la República, sino más y mejores funcionarios, con salarios dignos, pues se viene una carga laboral impresionante con el sistema de la justicia digital, que ya experimentamos con el Decreto 806 de 2020. Por tanto, es urgente una inyección presupuestal para tener una justicia más eficiente, pues un país con una justicia coja, genera violencia, que a la larga sale más costoso enfrentarla.

Este proyecto fue presentado por dos mujeres inteligentes: Margarita Cabello Blanco, Ministra de Justicia y del Derecho y Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Presidenta del Consejo de Estado.