A 20 días de las elecciones en Estados Unidos, Colombia está a la expectativa por el impacto que éstas tendrían tanto en la política internacional como nacional. Estas elecciones están enmarcadas en un proceso político de una sociedad fracturada. En ella se reflejan dos mundos: uno que defiende los derechos y la libertad y otro que los conculca y ama el absolutismo.
Trump asegura que si pierde las elecciones no aceptaría una transición pacífica del poder; y alerta a sus seguidores sobre un hipotético fraude. Esta situación es inédita si tenemos en cuenta que es un país cuya estabilidad política era una de sus fortalezas. Existe un declive democrático y, como alternativa, una radicalización ideológica. No obstante, la fuerza política de los acontecimientos impondría la obligación de entregar el poder de acuerdo con los arreglos institucionales. Es importante que la participación sea masiva y que la diferencia entre los candidatos sea lo suficientemente amplia para impedir tentaciones antidemocráticas, que exacerbarían la fractura social que campea en el país. Una de las manifestaciones de la fractura nacional es el constante choque entre numerosos estados y la Federación. El escenario privilegiado para la vida política era el Congreso. Hoy es entre jueces, medios de comunicación, gobiernos estatales, ciencia y academia, y el gobierno federal. Igualmente, entre las protestas antirracistas, ambientalistas, por la salud y por el respeto a minorías étnicas y nacionales, y las políticas públicas, sociales y migratorias del gobierno, impregnadas de racismo y xenofobia.
Dada la fuerte influencia diplomática, económica y militar de Estados Unidos, sus elecciones pueden poner en riesgo la ya débil y cuestionada estabilidad en América Latina. A su histórica dependencia de Estados Unidos, Colombia suma la identidad ideológica de su actual gobierno con el de esa nación. Comparten valores híbridos, vacilantes y frecuentemente alejados de principios liberales. Les incomoda la división de poderes y por eso lo concentran; no son proclives a la autonomía del poder de justicia, sino a su sojuzgamiento. Se rigen por el precepto antidemocrático de que el Estado lo es todo y que las instituciones cuentan más que los individuos. El gobierno colombiano se arriesga cuando se alinea con sectores ultraconservadores de Estados Unidos, motivado por su política de criminalización de la protesta social y consumo de drogas ilícitas; y, aunque declare lo contrario, por su real y abierta postura antiambientalista.
Dado el debilitamiento bipartidista en Estados Unidos, un eventual triunfo de los demócratas le servirá poco al gobierno colombiano. Es un error haberse aproximado demasiado al gobierno norteamericano, así los unan veleidades poco democráticas. La agenda bilateral de Colombia-Estados Unidos se soporta en retrocesos políticos en ambos países. La tolerancia con la antidemocracia va de la mano con las desigualdades económicas y sociales y un sombrío panorama de abuso y represión sistemática de ambos estados. Como diría Séneca “no hay remedio contra el mal cuando los vicios se convierten en costumbre”.
