En una reciente visita al departamento de Córdoba pude constatar que la ineficiencia de nuestro sector agropecuario obedece más a la escasez de conocimientos de los productores que a la falta de subsidios por parte del Estado. Claramente, aunque las políticas públicas sean acertadas, sin educación toda ayuda caerá en saco roto.

En Colombia los pequeños agricultores tienen acceso a los siguientes subsidios: a la tasa de interés, DTF+1% EA; contra riesgos climáticos, 80% del valor de la póliza; servicio en asistencia técnica, 80% de la póliza; para la compra de un tractor, instalación de riego y/o construcción de bodegas de almacenamiento, 30%, y además se les garantiza un precio mínimo de comercialización de su cosecha.

Y aquí viene la pregunta del millón: ¿Cómo explicar que después de más de 25 años de millonarias inyecciones de recursos en crédito rural e incentivos a los productores no hayamos sido capaces de incrementar el área cosechada del país y los rendimientos de sus cultivos? Sin temor a equivocarme, pienso que tanto el Estado como los gremios de la producción no han asumido el compromiso y la responsabilidad de formar, capacitar y organizar una nueva generación de agricultores profesionalizados y técnicamente más competentes.

De poco sirve que el Estado siga comprando deudas o subvencionando los costos de producción a productores que desarrollan una agricultura ineficiente. Al igual que en Brasil, Chile o Estados Unidos, nuestra política de ayuda debe direccionarse a la eliminación de las causas más profundas de la falta de rentabilidad y de competitividad del sector agropecuario. La construcción de un sistema educativo rural ayudaría mucho a que nuestros productores asuman la responsabilidad en la corrección de sus propias ineficiencias y a ser creativos a la hora de la solución de sus problemas.

Lo otro es reorientar la política de acceso al crédito y de subsidios al sector. En ese sentido, se debería aprovechar las facultades extraordinarias que el Plan Nacional de Desarrollo le otorga al presidente, para imponer al Banco Agrario una inversión obligatoria del 50% de su portafolio de inversión en créditos al sector rural. De la misma manera, fusionar la cantidad de ayudas en tres subsidios: i) a la tasa de interés, ii) al seguro agrario y iii) a las coberturas cambiarias y de precios. Con ello, reducimos el riesgo, aumentamos la superficie agrícola y la productividad, sustituimos importaciones y reducimos la inflación.

Con esta política de subsidios, Brasil aumentó su producción agropecuaria en 5 millones de hectáreas y 28 millones de tonelada entre el 2010 y 2014. Para modernizar el banco de maquinaria agrícola (tractores viejos que gastaban 3,8 galones/hora por tractores nuevos que gastan 0,98 galones/hora), impulsar la instalación de sistemas de riego y bodegas de almacenamiento, crearon una línea de crédito a una tasa de interés del 5,5% efectivo anual con un plazo a 12 años y tres años de gracia. En Colombia perdemos el 25% de la producción agropecuaria por utilizar los mismos tractores, sembradoras y cosechadoras de los años 70.

Me decía uno de los campesinos de Canalete, Córdoba: “el día que el Estado me garantice un crédito oportuno, un precio justo de mi cosecha, una capacitación en buenas prácticas agrícolas y una carretera para sacar mi producto al mercado, ese día, dejaré de ser pobre y me convertiré en un empresario del campo”. Así de sencillo.

* Consultor en crédito de fomento agroindustrial