Alrededor de 1.300 personas habitan en un islote de 0,1 km cuadrados en medio de la costa colombiana, sin médicos, sin agua potable y en condiciones de salubridad pública degradantes. Aunque parece una historia macondiana por ser un desafío a la imaginación, es la realidad de una comunidad de afrodescendientes que viven en el Islote de Santa Cruz. Es el lugar más densamente poblado en el mundo y ha sido históricamente dejado en el olvido por el Estado colombiano. Tal es el abandono estatal que estas personas se ven obligadas a usar aguas de lluvia para conseguir agua potable, toda la basura tiene que ser arrojada al mar, al igual que los desechos que generan sus necesidades biológicas.

Además de carecer de servicios públicos, fueron multados por 5 millones de pesos por la Superintendencia de Servicios Públicos, por la utilización de una planta de luz no autorizada, que funciona con gasolina y que les permite acceder al servicio mediante la recolección de 2.000 pesos diarios por familia para el pago del ACPM que consume. Una clara desfachatez del Estado exigirle a una comunidad que vive en condiciones precarias que se abstenga de utilizar un servicio, cuando durante los últimos años han tenido que someterse al imperio del olvido absoluto. Solo cuentan con un centro médico que no tiene la capacidad de atender emergencias que se puedan presentar, como tampoco con un médico que pueda atender a esta comunidad en debida forma.

A pesar de los insistentes intentos que se han adelantado ante las entidades estatales desde el 2011, por parte del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, de la Universidad de la Sabana y de la Fundación Probono en Colombia, la falta de voluntad del Estado ha superado la necesidad del respeto y protección que merecen los derechos fundamentales y colectivos de la comunidad del Islote de Santa Cruz. Tal es la situación, que a pesar de que se decretaron un mínimo de medidas cautelares para la protección de esta comunidad desde el 11 de marzo de 2012, como la de mejorar el centro médico o llevarles agua potable, hasta el día de hoy la Administración de Cartagena, la cual es la responsable administrativamente de prestar estos servicios, no ha tomado ninguna de las medidas ordenadas por el Consejo de Estado.

Y el descaro estatal ha llegado al punto de apelar tal decisión alegando que es más perjudicial para la Administración de Cartagena cumplir con tales medidas que no hacer nada. ¿Qué puede ser más perjudicial para una colectividad de 1.300 personas que vivir en semejante hacinamiento sin servicios públicos?

Sería bueno preguntarle al alcalde Dionisio Vélez qué está esperando su administración para acatar las medidas judiciales que fueron ordenadas para proteger a quienes en un acto de heroísmo habitan en este islote. ¿Estamos esperando a que ocurra un desastre natural previsible o a que se contagie toda esta comunidad de una enfermedad tropical ante las carentes condiciones de aseo? La mala costumbre estatal de esperar a que se genere el daño para tomar acciones está truncando la posibilidad de que 1.300 personas puedan tener unas condiciones mínimas de vida digna. Esta comunidad no puede seguir en el olvido ni por parte del Estado ni por el resto de la sociedad, se necesitan acciones inmediatas para prevenir las calamidades que se pueden presentar bajo la situación inhumana en la que se encuentran.

@tatidangond