En una decisión que a juicio de muchos afecta directamente la autonomía propia de los entes territoriales, el presidente Juan Manuel Santos ha optado por darle un respiro a La Guajira, evitando que el futuro de cientos de ciudadanos que mueren de hambre y sed se vea frustrado ante la implacable plaga de corrupción que ha hundido en la extrema pobreza a este departamento. A pesar de la resistencia que ha manifestado un sector de la sociedad guajira –principalmente aquellos que tienen intereses políticos– a la intervención del Gobierno Nacional en la crisis actual, lo cierto es que la decisión de Santos de manejar las transferencias de salud, educación y agua potable, a través de los ministerios de Salud, Educación y Vivienda es una medida más que acertada, siempre que la casta política de La Guajira no ha hecho cosa diferente que dilapidar los recursos públicos, sin importar las vidas humanas que se lleva por delante.
Si bien la corrupción es un patrón que va más allá de lo que sucede en La Guajira –como ha quedado demostrado con los recientes escándalos de corrupción transnacional–, los índices de corrupción de este departamento superan los límites del descaro, del robo y de la osadía de políticos que no tienen principios de ninguna índole, y que solo buscan el enriquecimiento personal. Ahora, esta decisión que ha tomado Santos tiene un límite de tres años, por lo que habrá que preguntarse qué pasará con este departamento y con su población, una vez los recursos vuelvan completos a manos de un gobernador o alcalde de la misma calaña de los que han administrado los recursos, por lo menos, en la última década.
Por eso, más allá de la intervención del gobierno de Santos, debe haber un compromiso serio por parte de los partidos políticos para evitar el apoyo a ciegas que se le ha dado desde Bogotá a la corrupción guajira, la cual ha sido apoyada por reconocidísimos líderes que si bien no tienen responsabilidad directa tienen el deber moral de enmendar el desastre que han patrocinado en La Guajira, a cambio de favores y fortines políticos. De lo contrario, podrá haber mucho dinero de por medio, pero este siempre irá a parar a manos de los de caciques políticos a los que poco o nada les importa el desarrollo de su pueblo, y la superación de la pobreza en la que se encuentra inmersa su sociedad.
Al final, la autonomía de los entes territoriales es un imperativo constitucional que deberá respetarse y hacerse cumplir de la manera más efectiva en el caso de La Guajira, no obstante, en ese mismo sentido la vida, la salud y la educación son derechos universales que deberán protegerse por encima de cualquier disposición, poder político o interés macabro.
@tatidangond
