Si yo fuera taxista quitaría de tajo la radio del vehículo. No correría el riesgo de pagar 32 mil pesos mensuales que, según la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco, y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, Acinpro, deben cancelar quienes ejecuten públicamente, por cualquier medio, “una obra musical con palabras o sin ellas”, tal cual lo señala el artículo 158 de la Ley 23 de 1982.
Es, en plata blanca, el cobro de un impuesto al que la gente de esas dos entidades llama de manera eufemística “contribución”, para evitar el uso de la aborrecible palabra impuesto y que antes solo aplicaba a establecimientos públicos como bares, cantinas, emisoras, canales de televisión y programas y ahora se extiende al transporte público terrestre.
Con ese anuncio de un nuevo tributo para los ciudadanos, el más perjudicado es el usuario del transporte público, en particular el de taxis. Y es obvio, porque el conductor tendrá que sumar de manera porcentual una parte de esos $32 mil al valor de cada carrera corriente y cuyo fin es defender los derechos patrimoniales de los autores y licenciar la difusión de la música en los distintos servicios de transporte urbano e intermunicipal.
Sabemos que por estos lares esa carrera de taxis es superior a la nacional, dado todo el rollo de sobreoferta, intereses creados desde el poder y falta de autoridad que tenemos sobre este espinoso tema. Y si yo fuera chofer de bus haría lo mismo, aunque 50 personas que sueñan, se divierten o se relajan a bordo me criticaran por no musicalizarles la ruta, una costumbre que en nuestro trópico es muy común y disfrutable.
Es bueno saber que los artistas reciben sus merecidas regalías. Para eso se institucionalizaron esas entidades que, en los últimos tiempos, no han gozado de la mejor reputación por sus discutidos y polémicos manejos financieros. Pero no es bueno que se cargue una “contribución” de esa forma inmisericorde con el afán de recaudar por un lado lo que ha tenido dudas por otro.
El argumento de las entidades es que “al igual que en un establecimiento comercial, cuando en un bus o taxi se comunica públicamente una obra musical se genera el derecho de autor y derechos conexos independientemente del medio que se utilice, sean emisoras de radio, CD de música, USB, streaming…”.
Sin duda, el anuncio produjo reacciones de transportadores y usuarios. Dos sectores de la comunidad muy parecidos a siameses que no se soportan y se critican, pero que hoy han terminado del mismo lado por el derecho a escuchar música. Desde ya la gente se pregunta si habrá que pagar por lo que consideran música de mala calidad.
El cobro entrará a regir la próxima semana, así que si usted, amable lector, toma un taxi o un bus el otro viernes, diga que apaguen la radio y que se vayan con su música pa’ otra parte.
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