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Columnas de opinión
Actualizado hace 1 años

Con los brazos abiertos

Hace poco, El Tiempo publicó un artículo titulado, “Inmigrantes de Venezuela estarían afectando seguridad en el Atlántico”, donde la Gobernación argumenta que los inmigrantes venezolanos estarían relacionados con el aumento de delitos en algunos pueblos del departamento. Por los mismos días, circuló una imagen en redes sociales con el siguiente mensaje: “La oleada migratoria venezolana está trayendo consigo: aumento del número de desempleados, aumento de la inseguridad, callejera y atracos, sobrepoblación y pobreza. ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno colombiano tome medidas en las fronteras y en el control migratorio???” En las redes sociales hay otros que incluso tildan a los venezolanos de “hampones” y “peste perezosa”. Un comentario en redes, compartir información cuestionable, y una declaración a un medio nacional pueden ser muy diferentes, pero todos directa o indirectamente alimentan la percepción de algunos colombianos hacia los venezolanos que están en el país.

Por eso me pregunto si es acertado hacer afirmaciones generalizadas como la del Secretario del Interior en el artículo en El Tiempo. ¿Qué porcentaje de los inmigrantes venezolanos en el departamento mencionados por el Secretario han cometido delitos? ¿Hay evidencia que demuestre que el aumento en la inseguridad se debe a la llegada de inmigrantes venezolanos? Sin evidencia, son preocupantes estas afirmaciones, pues contribuyen a la estigmatización de una población y alimentan este tipo de retórica inflamatoria que permea las redes sociales.

La llegada masiva de venezolanos al departamento y al país presenta un nuevo reto para nuestras instituciones que sin duda debemos enfrentar con una estrategia integral. De hecho, el 28 de julio Migración Colombia anunció que le daría permiso temporal de permanencia a los 150 mil venezolanos que están en el país de manera irregular, una medida que el director de Migración Colombia, Christian Krueger, llamó “un voto de confianza.” Adicionalmente, el anuncio de la Gobernación de llevar a cabo un censo para los venezolanos es un primer paso alentador.

Nuestra situación migratoria ha cambiado drásticamente en los últimos años, dada las mejoras en seguridad y oportunidades económicas, nuestra conveniente ubicación geográfica como país de tránsito hacia otros países y la agudización de la crisis en Venezuela. Según Migración Colombia, actualmente hay 350 mil venezolanos en Colombia. Además de los 150 mil en estado irregular, hay 50 mil que son residentes y 140 mil que ingresaron por sitios no autorizados sin cumplir los requisitos migratorios. En el Atlántico, el DANE estima que hay alrededor de 20 mil venezolanos. Sólo en Barranquilla se contabilizan alrededor de 12 mil; esto debido a la relativa cercanía de Barranquilla a la frontera y las crecientes oportunidades que ha generado el departamento en los últimos años.

La realidad es clara: Venezuela atraviesa por una crisis social, económica y política sin precedentes, y la escasez de empleo, comida y oportunidades obliga a los venezolanos a dejar todo y emprender un arriesgado – y casi siempre indeseado – viaje a otros países en busca de una mejor calidad de vida.

No dejemos que casos individuales y aislados de criminalidad – que sin duda existen – nos lleve a estigmatizar a una población entera tan vulnerada. La ciencia no miente: estudios del Sentencing Project y del Instituto Cato demuestran que, en Estados Unidos, que recibe muchísimos más inmigrantes que nosotros, no hay ninguna conexión entre la migración y el crimen, y que de hecho los migrantes en EEUU suelen cometer menos crímenes que los mismos estadounidenses.

Por otro lado, algunos colombianos temen que el aumento de la población venezolana afecte la competitividad de sus negocios y sus empleos. Aunque la evidencia empírica es mixta – algunos economistas dicen que la inmigración no afecta el empleo, mientras que otros argumentan que puede causar pérdidas de empleo – es clave la regularización del estado de los venezolanos en el país, pues esto desincentivaría el trabajo con salarios bajísimos (muchos empleadores les pagan muy poco y amenazan con reportarlos a las autoridades) y por ende el desplazamiento de trabajadores colombianos.

Estamos en una coyuntura internacional donde los inmigrantes son satanizados a dónde vayan, ya sean salvadoreños en Estados Unidos que abandonaron su país asediados por la violencia, refugiados sirios en Europa que huyen de una guerra civil, o venezolanos incapaces de alimentar a sus familias. Es hora de revertir esta tendencia.

PD: El 9 de septiembre es el Día Mundial de la Arepa, un momento ideal para mostrar nuestra solidaridad! 

Imagen de cheyenn.lujan

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