Esa pequeña producción fue la única que no se detuvo cuando empezó la pandemia y por el contrario garantizó la oferta de alimentos necesaria para la población urbana. No solo en Colombia, pero en general en América Latina, estas agremiaciones de pequeños productores se inventaron canales no convencionales de comercialización, para garantizar la llegada de alimentos a las ciudades y evitar los contagios en las centrales de abasto de las capitales.

La FAO, el IICA y muchos analistas señalamos la importancia de reconocer este inmenso esfuerzo de unos sectores abandonados históricamente por las políticas públicas, pero también reiteramos la necesidad de que los gobiernos reconocieran los peligros. El mayor de ellos se volvió realidad: hambre en las ciudades y miseria en el campo por pérdida de cosechas. Campesinos vendiendo bultos de papa en las carreteras, pero también, pérdidas de plátano en la región Caribe, de maíz, de guayaba en los llanos orientales y así seguirá este drama que tendrá inmensas consecuencias.

La explicación es tan obvia que resulta incomprensible que el gobierno no lo hubiera previsto. El vínculo entre la demanda urbana con la oferta rural es evidente y la crisis de demanda que viven las ciudades y que el gobierno se niega en entender está pasando una cuenta de cobro de grandes proporciones. Los apoyos de Ingreso Solidario son mínimos en monto y en cobertura de manera que la caída de la demanda de alimentos por el cierre de restaurantes, de eventos e inclusive de colegios, no se previó que debía ser compensada por ejemplo con compras estatales. Nada se hizo y ahora cuando el drama de los campesinos está a punto de desbordarse, las ayudas ni son suficientes ni tienen la cobertura que se requiere.

Un ministerio de agricultura débil, con directivos que no conocen la realidad nacional, que no son capaces de prever los resultados de una mirada equivocada de la crisis, está a punto de completar un panorama de pobreza que ha podido evitarse. La caída del campo tiene inmensas repercusiones porque se traducirá no solo en pérdidas inmensas en el sector más pobre del país como es la población rural, sino que llevará a una reducción de la oferta alimentaria en el próximo futuro. Quién va a sembrar si ha perdido su cosecha.

La equivocación de pensar que la reactivación del país se iba a dar por el lado de la oferta; el descuido de no proteger una demanda de los sectores vulnerables que hoy reciben el equivalente a la línea de indigencia; la desprotección de una clase media baja se ha traducido en muchas personas que ni siquiera pueden tener las tres comidas diarias. Pero el gobierno no se inmuta. El resultado: a la crisis humanitaria de las ciudades se unirá otra similar en el campo. Una política de emergencia para el sector rural es impostergable, pero MinAgricultura ni ve ni entiende.