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Crisis en Necoclí

Esta aglomeración ha causado problemas de todo orden: en acceso a servicios públicos, hambre, enfermedades, escasas condiciones de habitabilidad, entre otras. Además, los migrantes resultan ser víctimas de trata de personas, de abusos, de robos y otras vulneraciones a sus derechos humanos por cuenta de organizaciones criminales.

La semana pasada un hecho lamentable volvió a poner sobre la mesa una problemática que desde la Defensoría del Pueblo hemos venido lanzando alertas constantes: varios migrantes muertos y otros más desaparecidos luego de naufragar, en el Golfo de Urabá, la embarcación ilegal en la que se transportaban con rumbo a Panamá, mientras cerca de 20.000 más permanecen varados en Necoclí, ante la imposibilidad de contar con un puente humanitario que les permita seguir su tránsito hacia el norte del continente.

Los migrantes en su mayoría provenientes de Haití, Venezuela y Cuba siguen esperando en Necoclí tener cupo en una embarcación para seguir su tránsito por Panamá. Esta aglomeración ha causado problemas de todo orden: en acceso a servicios públicos, hambre, enfermedades, escasas condiciones de habitabilidad, entre otras. Además, los migrantes resultan ser víctimas de trata de personas, de abusos, de robos y otras vulneraciones a sus derechos humanos por cuenta de organizaciones criminales.

La espera para hacer el viaje legalmente hacia Panamá toma hasta dos meses, por lo que muchos deciden emprender riesgosas travesías, donde son víctimas de los delincuentes. Sin duda es una grave problemática que requiere no solo de medidas de atención urgentes, sino de acciones estructurales que permitan que estos flujos migratorios se efectúen con mayor control y en el marco de las normas.

Estas medidas no solo deben provenir de Colombia o Panamá sino que resulta imprescindible que todas las naciones involucradas en esta forma de movilidad humana forzada articulen acciones para que esa diáspora sea legal, segura, coordinada y con el acatamiento al Derecho Internacional Humanitario.

Desde la Defensoría del Pueblo estamos actuando desde el momento mismo que pusimos en evidencia esta crisis, acompañando en cada una de sus fases y lugares de paso de la migración. Hemos propuesto desde hace semanas un plan de choque que, entre otros elementos, contempla un puente humanitario que facilite el paso de niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, madres lactantes y adultos mayores para que no expongan la vida en esas travesías ni tengan que someterse a esas largas esperas llenas de dificultades.

Ante la complejidad de esta situación, convocamos a los Defensores del Pueblo de Iberoamérica y a organizaciones de derechos humanos, además de invitados de Europa, África y Asia, para establecer mecanismos de cooperación y coordinación frente a la crisis migratoria que afronta la región y para tener mayor eco al llamado que venimos haciendo a todos los Estados.

Este encuentro, que reunirá a más de 20 defensores del pueblo y directores de las instituciones de derechos humanos el 20 y 21 de octubre en Cartagena, estamos seguros que permitirá dinamizar el apoyo de la comunidad internacional y la articulación con las organizaciones de la sociedad civil para lograr la atención a la población migrante con enfoque humano.

Los derechos de la población migrante nos importan a todos y aunque estábamos en mora para actuar decididamente, este encuentro es el inicio para saldar esa deuda con los más vulnerables. Seguiremos trabajando para que los gobiernos de los países del continente adopten medidas urgentes que garanticen una migración legal, segura, ordenada y ante todo humana.

*Defensor del Pueblo.

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