Se ha iniciado en el país como todos los años por esta época, la tramitología para reunir y concertar los integrantes de las mesas de diálogos que definirán antes que finalice el año el nuevo salario mínimo que regirá en el trabajo de los colombianos durante 2023. Siempre es una labor ardua, difícil, porque el encuentro de los participantes al diálogo llega a la mesa desde esquinas bastante opuestas. La distancia entre los sindicatos, empresarios y el gobierno es fatigante porque se inician desde posiciones antagónicamente justificables en sus respectivas orillas. La ley contempla que si finalizado el plazo no hubo acuerdo el gobierno lo define con un decreto. Ha sucedido muchas veces dejando a veces satisfecho a una de las partes y la mayoría de las ocasiones descontento, protestas y resentimientos.
Pero todos los años especialmente las últimas décadas se vuelve a repetir en medio de estas discusiones y su aprobación final una tremenda injusticia que no tiene en cuenta a una alta porción de población vulnerable por su edad que somos los jubilados del país, ya sea que las afiliaciones sean ante Colpensiones o ante los respectivos Fondos de Inversión autorizados. La verdad escueta es que en los jubilados no se piensa ni se tienen en cuenta porque siempre los aumentos autorizados para sus mesadas las aprueban con base en el nuevo grado del IPC o sea sustentado en el Índice de Precios al Consumidor, mientras que para el resto del país y las diferentes graduaciones laborales la aprobación se establece sobre el cálculo formalizado del costo de vida. De este modo casi siempre, por arreglo conjunto o por vía decreto presidencial, la diferencia es por lo general, de dos puntos monetarios lo que significa la desmejora año tras año o disminución del poder adquisitivo de los pensionados colombianos.
Nos ponemos a pensar que ésta es una injusticia muy peligrosa. El 84% de los jubilados del país devengan al momento de aplicar para sus mesadas el salario mínimo. Si cualquiera persona elementalmente coge papel y lápiz, con estas acotaciones que hacemos se podrá demostrar que en cinco años más o menos proporcionalmente los jubilados colombianos pierden prácticamente el 50% de su capacidad adquisitiva solamente por la discriminación de este porcentaje por quienes definen los aumentos cada año, mesa de concertación o decreto presidencial. Es decir, una demostración más, una más, son decenas, de que los pensionados colombianos somos el epicentro de los olvidos cuando aparecen los exabruptos como incluido en la Reforma Tributaria donde se pretendía gravar un porcentaje de la mesada cuando ya éstas sufrieron durante veinte años la tributación fruto de sus salarios lo que significa que se aprobaría una doble tributación claramente prohibida por la Constitución Nacional. Es decir, es el mismo gobierno quien viola la Constitución. Y no se le pone atención a el contundente pronunciamiento de la Procuraduría General quien ya expresó que las pensiones no pueden considerarse ingresos. Esperamos que este año se haga justicia y que el aumento decretado o acordado en diciembre sea el mismo para todos los empleados y funcionarios del país como para los jubilados. La justicia no tiene parcelaciones, o es para todos o no es para ninguno.
