Como bien se ha anotado tantas veces, el “Gran Hermano”, ese vigilante omnipresente que George Orwell creara para su novela “1984”, se materializa en nuestros tiempos en la prácticamente universal presencia de cámaras en los dispositivos móviles, junto con las llamadas cámaras de seguridad y vigilancia que distintas entidades públicas y privadas instalan en algunos espacios con el fin, supuestamente, de disuadir a la delincuencia. Seguro estoy de no equivocarme si afirmo que el entorno de quienes leen estas líneas se encuentra al rango de alcance de algún lente. Tan es así que Hollywood ha generado relatos que se cuentan por centenas en donde esta urdimbre de imágenes termina por ser usada a favor o en contra de los intereses del héroe. Y si no quieren ir tan lejos, vuelvo a estar seguro de no equivocarme si asevero que en algún noticiero televisivo hoy nos contarán una o varias noticias a punta de imágenes de las citadas cámaras, y también algún contacto nos compartirá por whatsapp o twitter las imágenes del atraco de anoche. El morbo que produce el fisgoneo termina por volverse adictivo.
Todo lo anterior viene al caso luego de conocerse el anuncio del ministro del Interior relacionado con la destinación de 70 mil millones de pesos (esa cifra como que está de moda…) para invertir en cámaras de videovigilancia (65 mil) y sistemas de alarmas (5 mil) en Barranquilla. En total serán 300 mil millones de pesos los que se destinarán a “tecnología para la seguridad” en todo el país; cifra para nada menor y que extrañamente parece haber pasado desapercibida con el presidente protagonizando penas literarias en Madrid y los aspirantes a su cargo en precampaña.
Una inversión de ese calibre debería por lo menos motivar el preguntarse por la real utilidad de las cámaras como disuasoras del delito antes que ser testigos de estos. Numerosos estudios se han realizado en distintas partes del mundo relacionados con la eficiencia y la eficacia de la llamada videoseguridad sin que existan resultados mayormente concluyentes a favor o en contra. En un artículo derivado de su tesis doctoral, la investigadora Gemma Galdon-Clavell se preguntaba por la aceptación ciudadana a este proceso sin que existan datos concluyentes sobre su conveniencia. En esa línea, en un artículo publicado hace dos años en un portal peruano de noticias se preguntaban si la correlación entre la inversión realizada y los delitos evitados era justificable. En ese mismo artículo se hace referencia a un estudio realizado en el Reino Unido que arrojó resultados positivos en el uso de cámaras para reducir el robo de vehículos, pero sin igual éxito en robos en hogares.
Las cámaras por si solas no solucionan nada si no se acompañan de una justicia rigurosa a la vez que garante, un cuerpo policial probo y respetuoso, y programas sociales que brinden acompañamiento y oportunidades a ciudadanos en condición vulnerable.
A menos, eso sí, que el interés pase por el contrato…
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@alfredosabbagh