A Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta, lo encerraron en su casa por un delito que no cometió.
Por eso, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento le otorgó la libertad.
Pero Martínez sigue preso.
Al volver al cargo, tal como lo determinó el despacho judicial, se encontró con un gabinete extraño que, sin embargo, no puede cambiar. La razón: toda la administración pública está cobijada actualmente por la ley de garantías, que se supone es garante de la transparencia de los gobernantes en los procesos electorales.
La maniobra, que es propia de una estrategia política de la más fina arquitectura maquiavélica, lo deja, nada más y nada menos, sin capacidad de gobernar.
Por ahí lo vimos viajando a Bogotá para intentar resolver el problema del agua, que su gobierno estaba liderando justamente cuando lo suspendieron del cargo.
Conociendo su capacidad de gestión, es muy probable que lo logre. Pero tendrá que sobreponerse, primero, al letargo que encontró en materia fiscal.
Cuando se fue (o lo fueron) la ejecución del presupuesto iba en 19%. Cuatro meses después alcanza apenas un 28%, lo cual resulta bastante grave si tenemos en cuenta que de marzo a julio es cuando los gobiernos comprometen los presupuestos.
Obras que estaban terminadas, y que solo necesitaban dotación, están hoy completamente paralizadas.
Lo segundo que deberá enfrentar es la oposición de sus propios funcionarios.
Esas personas fueron nombradas por el alcalde encargado, Andrés José Rugeles, después de echar a todos los allegados a Martínez, y considerar los nombres que le entregaron las casas políticas tradicionales de Santa Marta, las mismas que fueron expulsadas de la Alcaldía por el movimiento ciudadano que eligió a Carlos Caicedo y, después, a Martínez.
Ellos, los políticos, pensaron que Martínez no saldría de su casa por ahora. La idea era mantenerlo fuera del palacio de gobierno hasta después de las elecciones locales, para incidir en los resultados.
Y consiguieron que la justicia dilatara el proceso.
Los abogados de Martínez presentaron, entonces, un recurso de tutela que resolvió finalmente el juez con funciones de conocimiento.
Las pruebas recopiladas por la Fiscalía para probar el delito de celebración indebida de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, eran ambiguas y poco concluyentes. Y procedió.
Martínez, sin embargo, no podrá mover a nadie. En otras palabras, tendrá que gobernar con el enemigo.
Los secretarios habrían podido renunciar, pues por dignidad uno no debe estar donde no lo quieren.
Pero los jefes que sí reconocen les dijeron que antes de dos semanas volverán a meter preso a Martínez y todo continuará como antes, lo que equivale a decir, peor, pues los samarios tienen muy presente lo que era su ciudad antes de que Caicedo y Martínez llegaran.
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