Cada aumento del salario mínimo reabre el mismo debate todos los años: cómo proteger el ingreso de los trabajadores sin poner en riesgo el empleo. La discusión suele darse a nivel nacional, pero sus efectos reales se sienten en los territorios, donde las estructuras productivas y laborales son muy distintas.
En la última década, el salario mínimo en Colombia creció en promedio un 10,2% anual. Entre 2016 y 2026 prácticamente se triplicó, pasando de $767 mil a cerca de $2 millones, incluido el auxilio de transporte. El problema no es el aumento en sí, sino su ritmo frente a una productividad laboral que ha crecido menos del 1% e incluso fue negativa en años recientes.
El desbalance se nota especialmente en 2026. La inflación de 2025 fue mucho menor al incremento del salario mínimo, generando una brecha cercana a los 18 puntos porcentuales. En términos nominales, esto mejora el poder adquisitivo; en la práctica, eleva los costos laborales, sobre todo en empresas con poca capacidad de ajustarse.
Barranquilla y su área metropolitana enfrentan este reto con una estructura laboral marcada por la informalidad. La evidencia empírica muestra que los aumentos del salario mínimo afectan principalmente al empleo formal, sobre todo entre trabajadores jóvenes, con menor experiencia o nivel educativo.
Sectores como comercio, industria y administración pública —altamente expuestos al salario mínimo— tienen márgenes limitados para ajustarse. Según nuestras estimaciones, el aumento de 2026 podría generar la pérdida de más de 16.000 empleos formales en el área metropolitana. Parte de estos puestos no desaparecerán, pero se trasladarán a la informalidad, que podría subir cerca de dos puntos porcentuales.
El impacto no será homogéneo. Paradójicamente, los mayores ajustes se darán donde predomina el empleo formal. Allí, cualquier cambio inesperado en la política salarial genera respuestas rápidas y profundas, que se reflejan en decisiones sobre contratación, horarios y beneficios.
Esto no significa que el salario mínimo no deba subir. Significa que no puede hacerlo solo. Sin mejoras sostenidas en productividad, reducción de costos no salariales e incentivos claros a la formalización, los aumentos resuelven un problema de ingresos mientras crean otro en el empleo.
Si el objetivo es mejorar el bienestar de los trabajadores sin debilitar el mercado laboral, el debate debe ir más allá del porcentaje anual y concentrarse en fortalecer la capacidad productiva de cada región y mejorar el funcionamiento del mercado laboral. Solo así el aumento del salario mínimo cumplirá su propósito real.
Directora Ejecutiva Fundesarrollo
