En el 2025, la inteligencia artificial avanzó a un ritmo vertiginoso, no sólo en el ámbito técnico, sino también en su gobernanza y regulación en distintos sectores, incluido el derecho. En Colombia, el hito normativo más relevante ha sido la presentación del Proyecto de Ley 43 de 2025, cuyo propósito es regular la IA para garantizar su desarrollo ético, responsable, competitivo e innovador en el país.

A pesar de sus grandes promesas, la IA también muestra facetas inquietantes. Al momento de escribir esta columna, finalizaba la lectura del libro Cómo pensar en inteligencia artificial de Richard Susskind, con cuyo enfoque coincido, ya que enfatiza la necesidad de encontrar un equilibrio entre beneficios, riesgos y desafíos. Esto representa uno de los temas centrales de nuestra era.

En temas de responsabilidad, hubo gran resonancia mediática de dos casos en los Estados Unidos: Raine vs. OpenAI (2025) y Megan Garcia vs. Character.AI (2024). En ambos, menores de edad utilizaron sistemas de IA en el contexto de sus suicidios. La IA habría operado como validador y soporte de ideas autodestructivas, lo que dio lugar a acciones legales por parte de sus familias.

En estas denuncias, las figuras jurídicas invocadas fueron homicidio culposo y producto defectuoso, bajo el argumento de que estas plataformas actuaron como agentes validadores del suicidio, llegando incluso a proporcionar instrucciones sobre cómo llevarlo a cabo.

Actualmente, no existe una línea homogénea respecto al tipo de responsabilidad que debe atribuírsele a estas tecnologías en casos de suicidios, más aún si se considera que a la IA no se le reconoce personalidad moral. De todo esto surge la pregunta: ¿qué tipo de responsabilidad deben asumir estas plataformas? Ambos casos comparten la ausencia de la activación de protocolos de seguridad y la falta de redireccionamiento a líneas de atención como la Suicide & Crisis Lifeline en Estados Unidos.

En Colombia, el desarrollo normativo de la IA no avanza al mismo ritmo que su evolución. Esperemos que, de cara al 2026, los avances regulatorios y casuísticos en temas de responsabilidad ofrezcan referentes sólidos que puedan ser adoptados en el país.

* Abogada - Delitos financieros, especialmente en temas de anti soborno y anticorrupción.