El DANE reveló recientemente una buena noticia: la pobreza monetaria en Colombia cayó al 31,8 %, su nivel más bajo desde 2012 consolidando una tendencia iniciada en 2020. Este avance se debe principalmente al crecimiento de los ingresos laborales y al aumento en remesas. Sin embargo, las transferencias institucionales —herramienta clave de política social— no aportaron a esta reducción, lo que debe ser motivo de análisis.
Más allá de los datos nacionales, el panorama regional sigue siendo preocupante. En ciudades como Riohacha y Valledupar, dos de cada cuatro hogares no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Barranquilla, aunque es la ciudad del Caribe con mayores avances en la última década, registró un leve aumento en pobreza extrema. Esto revela la fragilidad y complejidad del proceso de erradicación de la pobreza.
Uno de los factores más determinantes —y al mismo tiempo más ignorados— es la informalidad laboral. Este fenómeno no es solo un efecto colateral de la pobreza, sino una de sus principales causas. Su raíz está en la limitada capacidad de la economía para generar empleo asalariado formal, lo que obliga a más de la mitad de la población ocupada a autoemplearse en condiciones precarias: actividades de baja productividad, ingresos insuficientes, jornadas extensas y sin acceso a sistemas de salud o pensiones.
Frente a esto, se requiere una política económica integral que combine incentivos a la formalización con inversiones en capital humano, infraestructura y conectividad regional. Además, es urgente rediseñar las transferencias monetarias: deben dejar de ser mecanismos pasivos y convertirse en herramientas activas de movilidad económica. Programas condicionados a la inclusión productiva, la formación técnica y la empleabilidad pueden generar efectos sostenibles en el tiempo, sacando a los hogares del umbral de pobreza y previniendo su recaída.
El Caribe colombiano necesita una estrategia territorial que priorice la generación de empleo formal, el fortalecimiento del tejido empresarial y una mayor articulación entre los gobiernos nacional y local. Celebrar la reducción de la pobreza es justo, pero no suficiente. El verdadero desafío económico está en transformar esta tendencia en una base sólida de desarrollo sostenido. La lucha contra la pobreza no puede limitarse a mejoras en los indicadores agregados. Es necesario abordar con seriedad los problemas estructurales que la perpetúan, y la informalidad laboral es uno de los más urgentes. Mientras esta siga siendo la norma y no la excepción, cualquier avance será parcial y frágil.
*Directora Ejecutiva Fundesarrollo
@OrianaAlvarez
