El país vive la incertidumbre de dos reformas, un segundo intento de consulta popular que deberá ser debatido nuevamente en el Senado, y una serie de convocatorias de movilización social que el presidente ha llamado, de forma equivocada, “cabildo abierto”. Como era de esperarse, el presidente ha decidido convocar distintos escenarios de movilización social ante la negativa del Congreso de aprobar su primer intento de consulta popular, mientras en el Congreso avanzan los debates de las reformas laboral y de salud, las mismas que se busca impulsar también a través de esta consulta. A esta nueva técnica del gobierno podría denominársele redundancia estratégica, una práctica en la que se persigue la aprobación de las reformas sociales sin importar cuántas vías o caminos deban transitarse para lograrlo.
Ahora bien, el problema, más allá de la estrategia adoptada, es que el fin no parece ser la aprobación de las reformas, sino la movilización social como muestra de poder político y como mecanismo de recuperación de la popularidad perdida en estos años de gobierno. Si el verdadero objetivo fuera aprobar las reformas, el gobierno se empeñaría en lograr su trámite en el Congreso, donde actualmente se están debatiendo. Sin embargo, lo que realmente parece importar es la construcción y reivindicación de su narrativa política. Bajo esta narrativa, el Pacto Histórico retoma el concepto básico de la lucha de clases, bajo la premisa de que las reformas sociales son bloqueadas por el establecimiento, y que el cambio no es posible no por falta de ejecución o voluntad gubernamental, sino por la resistencia de las fuerzas políticas que se le oponen.
No resulta difícil que esta narrativa tenga acogida en un país con los niveles de desigualdad que enfrenta Colombia. Lo realmente difícil es construir una narrativa alternativa, en la que se comprenda que, más allá del discurso y la movilización social, el país necesita decisiones acertadas, financieramente viables y ajustadas a su realidad y necesidades. Lograr que la narrativa de la sensatez tenga acogida es una tarea compleja, y la oposición —cualquiera que sea— tampoco ha sabido plantearla con claridad. Una vez más, no es sencillo explicarle a cualquier ciudadano que el problema del acceso a los medicamentos no se resuelve con una consulta popular, sino que obedece a dificultades estructurales de financiación del sistema. Tampoco es fácil —ni popular— señalar que una reforma laboral que proponga mayores garantías para el trabajador puede tener efectos adversos sobre la generación de empleo y la reducción de la informalidad en el país.
En esta disputa por las narrativas, lo que está en juego es la estabilidad del país, su futuro y, en última instancia, su democracia. El gobierno parece dispuesto a paralizar al país en la búsqueda de un respaldo popular que responde más a intereses de favorabilidad política que al interés general. Como ciudadanía, debemos aprender a identificar estas estrategias para no ser parte de una instrumentalización política que, lejos de generar estabilidad o cambios favorables, puede profundizar la polarización y el desgaste institucional.
@tatidangond
