A partir de este mes, los usuarios de Air-e podrán elegir si pagan o no el monto correspondiente a la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, una contribución especial impuesta por la Gobernación del Atlántico desde hace varios años y cobrada mensualmente junto con el recibo de ese servicio público. Aparentemente, la decisión fue tomada de manera unilateral por la empresa. Para justificar lo decidido, Diana Bustamante, agente especial interventora de Air-e, manifestó en algunos medios que había adelantado gestiones con la administración departamental, buscando suprimir o al menos reducir el cobro de la tasa; sin embargo, tales esfuerzos no prosperaron. La Gobernación, comprensiblemente, ya anunció su desacuerdo con la medida, así que todo indica que presenciaremos una aburrida confrontación legal durante las próximas semanas.
Mientras se define con claridad el alcance de la disposición, su legalidad o su permanencia, los ciudadanos enfrentamos un escenario de incertidumbre. La posibilidad de excluir la tasa de seguridad del recibo de energía puede resultar atractiva para muchos hogares, pero aún no se cuenta con información suficiente sobre sus implicaciones concretas. ¿La omisión del pago en la factura de mayo genera una obligación pendiente con el Departamento? ¿Podrían causarse intereses por esa obligación? ¿Qué canales se habilitarán para realizar el pago por fuera del recibo? ¿Esta coyuntura dará lugar a una evaluación más amplia sobre la pertinencia del cobro? Todos son interrogantes válidos.
Hasta este martes, una revisión al sitio oficial en internet de la Gobernación del Atlántico no arroja resultados significativos. No es visible un comunicado específico, ni se ha habilitado una sección informativa que explique el contexto de la medida, sus consecuencias o las alternativas disponibles para los barranquilleros. Tratándose de una contribución que financia programas y obras públicas, cuya legitimidad depende en buena parte del respaldo informado de la población, también sería oportuno que fuese visible un balance institucional que dé cuenta de los logros alcanzados gracias a la tasa, en términos concretos de seguridad y convivencia. Este asunto demanda una reacción rápida de cara a la ciudadanía.
Por lo pronto, cada usuario tendrá que decidir qué hacer con lo poco que se sabe. Habrá quienes se la jueguen por el no pago de la tasa y habrá quienes prefieran evitar algún lío: el azar como protagonista. Un escenario desconcertante que continúa minando la debilitada confianza en las instituciones.
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