Esta semana está causando cierto revuelo, sobre todo en las redes sociales, una noticia sobre el cobro de un denominado ‘descorche’ por parte de un restaurante en nuestra ciudad. El motivo de indignación fue que a diferencia del cobro tradicional y aceptado por ingresar e ingerir bebidas alcohólicas a un establecimiento, en esta ocasión se ha facturado por el consumo de un pudín que un grupo de comensales llevó para una celebración. Cuando la noticia se divulgó varias personas expresaron su desagrado y molestia e incluso hay quienes han reclamado medidas legales en contra del lugar. Considero que no es para tanto y que si pedimos que este tipo de asuntos se regule hasta ese detalle podríamos estar entrometiéndonos con la naturaleza misma del libre mercado.
Debo aclarar que encuentro válidos los reclamos (aunque no la indignación), si el cobro que nos ocupa no fue advertido con anterioridad a los clientes. Si este es el caso, es claro que se cometió un abuso por parte del restaurante y que tal conducta debe denunciarse, no vaya a ser que en algún momento nos incluyan de forma sorpresiva en la factura conceptos como “aire acondicionado” o “servilletas de tela”. Mejor no dar ideas, así que prefiero pensar que en ese sentido se actuó con honestidad.
Ciertamente, un restaurante o cualquier negocio privado puede cobrar lo que quiera y por lo que quiera, siempre y cuando lo informe previamente a sus clientes. La libre competencia se encarga en esos casos de fijar los límites de acuerdo con las preferencias de las personas, quienes tienen autonomía para aceptar o no los precios que son demandados. Por eso se escapa de mi comprensión que este asunto haya generado tanta alharaca, siendo una transacción de carácter privado y además banal, es decir, no se estaba negociando una atención médica o algún servicio fundamental. Dice mucho de nosotros que esto haya merecido semejante despliegue mediático, sobre todo cuando constantemente nos acosan situaciones mucho más graves y censurables.
Que la Superintendencia de Industria y Comercio haya anunciado una investigación me parece ya la cumbre del despropósito. Con seguridad esa entidad tiene casos más apremiantes que atender, casos en los que se vulneran realmente los derechos de los consumidores en cuanto a servicios o productos mucho más necesarios. Resulta curioso, casi tragicómico, que se destinen esfuerzos para proteger a quienes voluntariamente decidieron gastar su dinero de esa forma, creo que en la lista de prioridades y preocupaciones de nuestro gobierno debe haber miles de rubros que reclaman tal despliegue, tal preocupación y desgaste.
Por último, no olvidemos que la mejor manera de controlar estas situaciones es no volver al lugar en el que nos hemos sentido maltratados. Es sencillo, si consideramos que en un negocio de ese tipo se cometen abusos en contra de sus clientes, lo más sensato es no utilizar sus servicios o no comprar lo que ofrecen. Es lo bueno que tiene la libre competencia, ella misma se regula si la dejamos actuar, así que ojalá reservemos las energías para lo verdaderamente importante.
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