“Cuando la patria está en peligro se ruega a Dios y se recurre al soldado, cuando el peligro ha pasado se olvida a Dios y se enjuicia al soldado” (anónimo).

El sentido y alcance de tan importante reflexión, lamentablemente, resulta aplicable a la inversión de valores que la justicia colombiana ha pretendido aplicar a nuestros valientes militares que, como héroes, han expuesto sus vidas en todas las oportunidades en que la delincuencia, tanto narcoterrorista como común, ha pretendido atentar contra el orden institucional, pero, ¿quién lo creyera?, superado el peligro y restablecida la seguridad por sus valientes héroes, se inicia la más absurda y cruel persecución contra quienes le prestaron tan heroico y valioso servicio al ciudadano de nuestro país, mediante la más extraña y por ende escandalosa inversión de los valores, con base en sospechosos testimonios, como ocurrió con la toma del Palacio de Justicia y otros eventos, mientras que por otro lado hoy se acude a los principales jefes de la más cruel y sanguinaria organización subversiva de la historia de Colombia, concretamente las Farc, no propiamente para juzgarlos y encarcelarlos al igual que al resto de sus miembros, sino en la práctica para todo lo contrario, o sea para ofrecerles y garantizarles la más tristemente célebre impunidad mediante el disfraz de supuesta privación de la libertad en áreas rurales y, lo que es peor, sin garantizar al pueblo colombiano la entrega de las armas, absoluto contrasentido con el concepto de paz, que es lo que se le pretende vender al país y al mundo, bajo el grosero sofisma de distracción de la “dejación de armas”, y no de entrega de las mismas, vale decir, para obviamente mantenerlas en su poder al igual que cualquier organismo militar del país o del mundo.

Ante la incertidumbre planteada con lo anteriormente expuesto, cabría preguntar si lo resuelto en La Habana incluiría adicionalmente la disminución del poder militar de nuestras Fuerzas Armadas, tanto en hombres como en armas.

Igualmente, si los millonarios ingresos que por el narcotráfico reciban las Farc hasta la firma de la paz serán entregados al Gobierno para ser invertidos en educación y salud, o por el contrario, se mantendrán en las cuentas bancarias que la organización mantiene en los ‘paraísos fiscales’ o en el propio país.

Con el carácter de derecho de petición se podría obtener del Gobierno a la mayor brevedad posible su respuesta en torno al sentido y alcance que se le pretende asignar al verbo “Dejación” (“de armas” ) vale decir, si implicaría para el caso concreto, un compromiso “Sine qua non” de entregar las armas, o acorde con el auténtico sentido del vocablo, la anticonstitucional prerrogativa de mantenerlas impunemente en su poder.

De confirmarse tan inquietante hipótesis, vale decir, ante la indefensión en que quedaría el pueblo colombiano, ¿se podría oficialmente seguir hablando de una auténtica paz a la que todos anhelamos?

¡Dios salve a Colombia!