Los nacionalistas catalanes pretendían que las elecciones regionales del domingo dejaran las cosas más claras en el largo conflicto por las ambiciones separatistas en esta parte de España. Declararon que los comicios harían las veces de referéndum sobre la independencia, ya que el Tribunal Constitucional había vetado una consulta de este tipo hace un año. Sin embargo, el resultado de este ejercicio ha arrojado, si cabe, una situación aún más compleja. Las dos fuerzas independentistas, Junts pel Sí (que agrupa nacionalistas de derecha e izquierda) del presidente catalán Artur Mas y el partido anticapitalista CUP consiguieron una mayoría absoluta en escaños, pero se quedaron por debajo de la mitad de los votos –el 47,8%–.

Se trata de un resultado que difícilmente puede calificarse como un mandato claro del pueblo para la separación de Cataluña de España. Pero los líderes nacionalistas, en un ejercicio de malabarismo dialéctico y numérico, han hecho precisamente eso, e insisten en tener la legitimidad necesaria para seguir adelante con un proceso que, según sus planes, debería culminarse dentro de 18 meses.

Es una auténtica temeridad embarcarse en una aventura de tal envergadura con ese apoyo popular. Pero igualmente intolerable es la posición intransigente del Gobierno español. Para el presidente Mariano Rajoy aquí no ha pasado nada. Se limita a pedir “normalidad” y, con la ley actual en la mano, insiste en que no puede ni va a aceptar las reivindicaciones soberanistas, algunas de las cuales incluso son compartidas por algunos votantes de los partidos no nacionalistas.

A pesar de la urgencia con la que deberían empeñarse unos y otros en solucionar este conflicto, me temo que habrá que esperar hasta las elecciones generales de diciembre para ver quién mandará en el Gobierno central en el futuro. El Partido Popular de Rajoy probablemente endurecerá su discurso duro frente a los nacionalistas catalanes para obtener réditos en otras partes de España. Ayer atacó a los socialistas por proponer una amplia reforma de la Constitución que dé cabida a las demandas catalanas de mayor autonomía y el reconocimiento como “nación”. Y es que en el PP preocupa el auge de Ciudadanos, un joven partido liberal antiseparatista, que ha conseguido convertirse en la segunda fuerza de Cataluña mientras los conservadores se hundían.

Al igual que el PP, Ciudadanos tampoco está dispuesto a hacer concesiones a los soberanistas, con lo que sería posible que tras las elecciones generales de diciembre ambas formaciones buscaran algún pacto. Sería mala señal para una salida del problema territorial ya que las dos posiciones se cerrarían aún más. Por su lado, entre los seguidores de Junts pel Sí el fin de semana en Barcelona tampoco detecté mucha predisposición al diálogo. “Desde Madrid siempre nos han dicho que no a todo. Ahora es demasiado tarde. Ya no hay nada que negociar”, me dijo Anna, una joven economista. Solo cabe esperar que en diciembre se impongan voces más constructivas.

@thiloschafer