El domingo pasado unos 2,3 millones de ciudadanos fueron a votar en un referéndum en el que podían pronunciarse sobre una posible independencia de Cataluña del resto de España. La participación representa todo un desafío a las autoridades estatales, ya que el Tribunal Constitucional había prohibido la consulta, convocada por el Gobierno regional en manos de Convergència i Unió (CiU). Este partido conservador y nacionalista, al igual que otras fuerzas separatistas, celebraron el éxito de la convocatoria ya que más de dos millones de personas participaron en un acto declarado ilegal, aunque finalmente tolerado por las autoridades estatales. De estos votos, según el cómputo de los organizadores, el 80% se inclinó por la independencia de Cataluña. Desde el Gobierno central, sin embargo, pintaron la consulta inoficial como un rotundo fracaso, ya que solo acudió a las urnas algo más de un tercio de los seis millones de votantes censados. Dicen estas voces que los 1,8 millones a favor de la separación del resto de España corresponden al techo ya conocido del voto independentista acorde con los resultados de las últimas citas electorales y los sondeos.
El sentimiento nacionalista catalán data del siglo XIX, pero en los últimos años el separatismo ha ganado fuerza rápidamente a raíz de la crisis económica y política. En todo el país ha aumentado el deseo de un cambio profundo del sistema y en Cataluña esta voluntad se traduce en la idea de construir un país nuevo desde la independencia. Pero ya no se trata simplemente de la independencia. La mayoría de los catalanes defienden lo que consideran el “derecho a decidir”. El referente es Escocia, donde en septiembre pasado se celebró un referéndum sobre la separación del Reino Unido, en el que se impuso el “no”. El gobierno español de Mariano Rajoy no reconoce este derecho a decidir, ya que no está contemplado en la constitución que una parte del Estado pueda votar unilateralmente sobre su permanencia. Según el Gobierno, en cualquier caso, debería votar el conjunto de la ciudadanía del país. Planteado así, el derecho a decidir parece algo intrínsecamente democrático. ¿Quién le va a negar a los ciudadanos pronunciarse cómo debe ser el Estado donde viven? El problema surge al definir el ente político, el cuerpo electoral de quiénes deciden. La Cataluña de hoy está formada por cuatro provincias.
¿Deben los habitantes del interior, del campo y las montañas, donde el independentismo late más fuerte, imponer la separación a los moradores del cinturón industrial de Barcelona, donde es una opción minoritaria, o viceversa?
Es un debate filosófico. Lo que está claro es que el inmovilismo de Rajoy conduce al fracaso y la confrontación. El domingo, el 10% optó en la confusa doble pregunta de la consulta por que Cataluña sea considerado como un Estado pero sin separarse del resto de España. En los sondeos esta opción tiene muchos más seguidores. Buscar un compromiso que pueda atraer a una mayoría es el desafío de los políticos en ambos lados.
@thiloschafer
