Una de las políticas del gobierno actual es la de la construcción de viviendas para los más necesitados. Hay VIS, VIP regaladas, subsidiadas, varias entidades públicas participan directamente en el tema, los créditos están ‘al alcance’ de casi todos, ya se ha entregado un porcentaje importante de las primeras cien mil regaladas y en primera instancia parece ser exitosa la estrategia gubernamental contra la pobreza.
Las intenciones del gobierno continúan y el vicepresidente ejecutivo lidera el tema apoyando y exigiéndole al ministerio de Vivienda pero surgen inconvenientes que dificultan que se concreten los proyectos. Uno de ellos es la tierra que, por razones obvias, se encarece en la medida que escasea en las grandes capitales. Oyendo a importantes constructores del país, el valor máximo por metro cuadrado bruto de tierra que permite que los proyectos sean viables no debe exceder los cuatro o cinco mil pesos para viviendas unifamiliares y en el caso de multifamiliares, con un aumento considerable de la densidad, este valor no puede exceder los 70 o 100 mil pesos. Valores mayores hacen inviables los proyectos por la alta incidencia en el precio total de cada unidad de vivienda. Por ello los constructores están migrando hacia zonas rurales en poblaciones pequeñas en donde se pueden conseguir tierras con precios accesibles.
Esta situación permite que áreas cercanas a los centros desarrollados acojan en sus jurisdicciones a personas que hoy están hacinadas en las zonas pobres de las grandes ciudades padeciendo con todas las circunstancias que eso conlleva. Por eso sorprende el anuncio del Distrito Capital, léase Gustavo Petro, que informa sobre cinco o seis proyectos de interés social que se desarrollarán en zonas estrato seis de la capital del país. Desde que arrancaron estos programas de vivienda se está diciendo que en Bogotá no hay tierras que llenen los requisitos para estos nuevos desarrollos masivos. Las razones, más bien excusas, son muchas. Los planes parciales se demoran, los estudios ambientales también y hasta se dice que no hay posibilidades próximas en el tiempo de que se pueda llevar la red de agua potable a algunos sectores a desarrollar. Con todas las bondades que tiene el que la sociedad sea incluyente y que la mezcla e integración de clases es un afán de sociólogos, urbanistas y demócratas, el proceso requiere pedagogía, socialización y sobre todo, tiempo. Loable, en términos generales el propósito, pero detrás de esta desviación hay un fondo perverso de la administración distrital de tirarse a la clase alta de la ciudad.
Comparar la situación con la “mezcla de clases” que hay en Manhatan o en el barrio de Chueca en Madrid, es mostrar una ignorancia que sólo puede ser mala intención. Debe tener cuidado el alcalde mayor en que al invadir descaradamente zonas cuyo propósito formal, población, desarrollo y actividades deben estar perfectamente regladas por los planes de desarrollo formales pero sobre todo por la historia e inversiones, va a perjudicar no sólo a los pobladores actuales sino a los que vendrán. El choque será de lado y lado. Si la idea es generar viviendas, además del costo social que se va a generar, el costo en pesos de hacerlo será tal que antes de que lo imaginemos habrá fundamentadas denuncias por detrimento económico. Quizás es eso lo que busca el alcalde para seguir victimizándose. Hasta ahora con esa estrategia se ha mantenido, veamos cuando se le acaba.
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