Cuando se observa la situación de las finanzas públicas de municipios y departamentos en el Caribe colombiano, estas se encuentran en un estado de fragilidad que preocupa, pues el colombiano es un Estado social de derecho. Esto último reafirma la función del Estado de garantizar ciertos bienes públicos en pro de que el bien común prime sobre el bien privado. Un requisito fundamental para ello es tener con que financiar dichos compromisos.

Sobre la superficie es evidente que la gestión tributaria es frágil. La explicación fácil a dicho problema es proponer que la región Caribe vive en una situación constante de corrupción que debilita y deslegitima la gestión pública. No obstante, este argumento pierde fuerza aunque sea cierto. Los actos de corrupción más resonados del país llegan de áreas que jamás hubiésemos imaginado. El ejemplo del carrusel de la contratación en Bogotá es suficiente ilustración. Como científico social siempre invito a mis lectores a buscar más allá de la superficie, a visualizar lo abstracto, pues es allí donde yacen las fuerzas que explican los problemas de la sociedad.

La región Caribe y sus finanzas públicas, en particular, sufren de pereza fiscal acolitada por una alta dependencia en trasferencias y regalías. Sin embargo, el problema es más estructural, explicándose por una alta desigualdad social y económica, aunado a una débil base productiva que no genera valor agregado. Con una alta pobreza y una industria ausente no es posible recaudar impuestos como el predial o industria y comercio. Cualquier proyección local del presupuesto que subestime estas variables está condenada a fallar.

Irónicamente, sobre el papel, la mayoría de los departamentos del Caribe colombiano tienen una buena marca en materia de desempeño fiscal. Pero dicha marca se torna negativa una vez exploramos el índice de desempeño integral donde la eficiencia, eficacia, requisitos legales y gestión son considerados. El índice de desempeño integral revela que en cinco de los departamentos caribeños al menos un municipio reportó información para la consolidación de dicho índice.

Y si decidimos olvidarnos de lo anterior, y tomamos el índice (hayan o no reportado datos) solo el departamento del Atlántico se ubica dentro de los diez primeros departamentos del país. El resto ocupa lugares dentro las últimas posiciones. Esto da pie para pensar la ética del trabajo eficaz en el publico ha sido reemplazada por la ética patrimonialista que incentiva la ganancia pecuniaria.

Continuando con las ironías, igual el Caribe en materia de PIB registra crecimientos considerables. Una vez se observan de cerca las cifras, se confirma que el Caribe colombiano está embarcado en el cuento del crecimiento basado en las actividades extractivas-mineras, cuyo resultado paradójico es el de crecer sin generación de empleos.

Hay que insistir que se necesita una política industrial deliberada y guiada por un Estado que demande altos estándares como condición de la financiación de dicho proceso de industrialización. De otra forma, la mano invisible del mercado confirmará lo que la historia ha demostrado: que esta no existe.

*Profesor del IEEC, Uninorte