Víctimas cuestionan al Ejército por 383 homicidios a civiles en el Caribe
Comisión de la Verdad recibió informe sobre ejecuciones extrajudiciales entre 2003-2008. Víctimas piden que sus relatos no “queden en letra muerta”.
Mientras María Cedeño, una de las víctimas de crímenes de Estado en el Atlántico, va contando sus esperanzas de cero impunidad, una mujer a su lado rompe en llanto. Se pasa el dedo índice con delicadeza debajo de los ojos y, luego, va recogiendo las lágrimas esparcidas por las mejillas y barbilla.
“Sabemos que se pasó por innumerables recuerdos. No pretendemos realizar borrón y cuenta nueva. Si bien estamos llamados a la reconciliación, también queremos que cese la impunidad”, expresó Cedeño, directora del capítulo Atlántico del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
La mujer a su lado, sin lograr contener las lágrimas, utiliza una toalla para secarse el rostro y trata de ocultar su dolor escondiéndose detrás de su cabello mono y suelto. Antes, al inicio de la presentación del informe ‘Y volveremos a cantar, con los aires de la paz y el anhelo de justicia’ (que fue entregado a la Comisión de la Verdad el pasado viernes), ella (Martha Díaz, directora de la Asociación de Familiares Unidas por un Solo Dolor) contó que como víctimas sufren cada vez que pasa un año más y no tienen las explicaciones de por qué desaparecieron a sus familiares y, mucho menos, por qué los mataron y los pasaron como guerrilleros heridos en combate.
El informe, presentado por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), documenta 208 casos de homicidios a civiles (ejecuciones extrajudiciales) en la Región Caribe, presuntamente cometidos por integrantes de la Primera División del Ejército Nacional, entre los años 2003 y 2008.
Estos casos convirtieron a 383 personas en víctimas del conflicto armado, en especial del fenómeno también conocido como ‘falsos positivos’. De las cuales, además, 121 son víctimas de desaparición forzada.
En la gran mayoría de casos citados en el informe, la desaparición forzada suele ser la primera violación a los derechos humanos en una cadena que termina en ejecuciones extrajudiciales. Es el caso de cinco hombres en la vereda Cuesta de La Plata del municipio de Pueblo Bello (Cesar), que desde el 30 de junio de 2004 sus familiares no volvieron a saber de ellos.
En la angustia por buscarlos, sin sospechar que podrían haber sido asesinados, tres de las familias de los 5 sujetos interpusieron una denuncia por la desaparición ante la Fiscalía General de la Nación.
Pero solo tres años después, una de las familias supo lo que estaba sucediendo. Tras la espera tan larga, por fin su familiar apareció. Su fotografía acompañaba una nota de prensa del periódico El Pilón, de Valledupar, que decía que ese hombre, que señalaron como guerrillero, había muerto el 30 de junio de 2004 en un combate. Pese a que según las versiones de los soldados hubo un cruce de disparos abundante, ninguno de los militares resultó herido.
El caso lo investiga la justicia ordinaria y se les atribuye a integrantes del pelotón Bombarda del Batallón de Artillería No. 2 La Popa. 16 años después, los familiares siguen esperando el cuerpo.
En la lista de las 146 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas en el Cesar también figura el caso de un campesino de 40 años y padre de tres hijas que vivía en la finca Aguachica, en El Rincón. El 11 de febrero de 2004 salió a las 5 de la mañana y no volvió jamás.
Cuando empezó la búsqueda, se enteraron por los habitantes de El Rincón que miembros del Ejército habían matado a una persona, a quien acusaban de guerrillero, que se ajustaba a la descripción dada por ellos.
“¿Cuándo ha visto un guerrillero viviendo en casa, con su esposa, sus hijas, y sus gallinas?”, reclamó la esposa del campesino a los miembros del Batallón La Popa, quienes justiciaron la ejecución y retención aludiendo que la muerte había sido en combate con la cuadrilla “José Manuel Martínez Quiroz” del ELN y que este pretendía robar un ganado. Sin embargo, de acuerdo con el informe, esta afirmación nunca ha sido probada.
Tres hombres, el 14 de mayo de 2007, se desplazaron del departamento del Atlántico al Cesar con la promesa de que serían contratados como jornaleros en una finca en la vereda Santa Tirsa, del municipio de Pueblo Bello (Cesar). Pero después fueron asesinados.
La precariedad económica es una de las variables que comparten las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que recoge el informe.
Se supo después, tras investigaciones, que quien fungió como reclutador fue un desmovilizado de las AUC que colaboró con soldados para la comisión de este y otros crímenes.
También en Barranquilla, una falsa promesa de trabajo condenó a la muerte a dos hombres que laboraban en el mercado público de la capital del Atlántico.
En varias ocasiones, según refirieron sus familiares, fueron abordados por personas desconocidas que se movilizaban en una camioneta blanca. La promesa en este caso era una cuota de 800 mil pesos por trabajar en una finca. Después de que uno ellos aceptó la propuesta, el otro también se unió.
Un año y seis meses después de la desaparición, dos agentes del CTI entregaron la cédula de uno de ellos a sus familiares y les dijeron que este había sido sindicado de ser parte de la guerrilla y que había muerto en el Cesar, en un supuesto combate con el Ejército.
Los familiares después se enteraron de que fue ejecutado, junto con otros hombres, en San Juan del Cesar (La Guajira) y le atribuyen estos hechos a miembros del batallón Santa Bárbara y al Grupo de Caballería Mecanizado Juan José Rondón.
Los departamentos con mayor número de asesinatos a civiles fueron Cesar, con 110, y La Guajira, con 99 víctimas. Así mismo, el Batallón La Popa, con al menos 80 casos, es el más cuestionado en el informe entregado a la Comisión de la Verdad.
De los asesinados, también establecieron que 118 eran de sectores populares, 8 eran menores de edad, 6 mujeres, 6 personas con discapacidad y 35 indígenas.
“Escuchando estos testimonios, uno vuelve a revivir esos momentos horrorosos. Recordaba y todos esos patrones de violencia se dieron en el pueblo kankuamo”, manifestó Jaime Arias, gobernador indígena kankuamo, durante la presentación del informe que se hizo de manera virtual.
Lamentó que aunque desearía que el Estado garantizara la no repetición, la tendencia es que vuelvan a ocurrir los hechos. “No se justifica que el Ejército, que está llamado a proteger, se una con paramilitares para estigmatizarnos y continuar asesinándonos. ¿Cómo podremos tener confianza en las entidades del Estado después de todo lo que ha pasado?”, cuestionó el gobernador indígena.
Arias, a quien le mataron a su padre y hermano, además cuenta con un esquema de seguridad porque varias veces ha recibido amenazas.
Pedro Loperena, de la comunidad wiwa y víctima de la masacre de El Limón, reclamó la falta de justicia y manifestó que la búsqueda de sus parientes reabre el dolor y la melancolía, pero aseguró que no se cansará de buscar ni de contar, cada vez que pueda, los hechos de los que fueron víctimas tantos indígenas.
“Contar es lastimarse, el conflicto lastima, pero hay que hacerlo, hay que lastimarse para que la herida pueda sanar”, rezó.
El dolor de Martha Díaz, el de María Cedeño, el de las víctimas que callan su nombre por miedo a la muerte, el de Jaime Arias y Pedro Loperena sigue latente. Casi como una súplica, con una esperanza que luchan por no dejarla morir, le piden al Estado que este informe “no quede en letra muerta”.
“‘Yo quiero saber dónde está mi familiar, solo con que me entreguen el cuerpo voy a morir y descansar en paz’, esa es la petición de muchas de las víctimas del pueblo wiwa. Ojalá que se puedan ver resultados, que en Colombia la paz estable y duradera se convierta en realidad y que a nuestros hijos y nietos no les toque vivir la zozobra que nos tocó a nosotros”. Ojalá y lo que asesinen sea la impunidad.
