
¿Quién miente? Así han sido los saltos de ‘el Gatico’ en la ‘paz total’
El Inpec asegura que recibió un boleto de libertad firmado por el alto comisionado para la Paz. Gobierno asegura que López será un facilitador. PGN y Fiscalía investigan.
La situación actual de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, alias la Gata, levantó en la mañana de este miércoles una polvareda de confusión, contradicción y falta de claridad sobre toda la fachada de la Casa de Nariño.
‘El Gatico’, quien fue condenado inicialmente a 39 años de cárcel por el asesinato en 2005 del periodista Rafael Enrique Prins en Magangue, Bolívar, saltó a la palestra pública porque –a pesar de su situación judicial vigente– obtenía su libertad inmediata y se convertía en gestor de paz.
Aunque el documento conocido, el cual estaba certificado por Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, no ordenaba explícitamente su libertad, minutos después fue el mismo coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, quien reconoció que a su oficina llegó una boleta firmada por el juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla con una “suspensión temporal de la pena”.
“Ya está en libertad. Ha sido poco común que suceda este tipo de situaciones”, contó en diálogo con Blu Radio.
Cabe aclarar que la resolución que utilizó la OACP para nombrar a López como facilitador de paz contiene los mismos argumentos con los que se pidió la libertad de los miembros de la Primera Línea.
Destapada la caja de pandora, la lluvia de críticas e indignaciones no tardó en tomarse Twitter, donde líderes de opinión, voces de la oposición y hasta miembros aliados de la ideología de Gustavo
no tardaron en escupir su molestia por este nuevo paso –en falso para muchos– en el proyecto de ‘paz total’.
Para calmar las aguas y aclarar el panorama, el Gobierno nacional, a través de un comunicado, argumentó que Jorge Luis Alfonso López solo cumplirá funciones para este proyecto desde su lugar de detención (ya tenía domiciliaria), por lo que pedirá al juez que le otorgó la libertad, sin que hubiese solicitud en este sentido del Gobierno, que revoque esa decisión.
Esta designación, agrega el comunicado, está vigente por un periodo de dos meses “sin que esto signifique configuración de delitos adicionales a los que ya fueron aprobados por la justicia”.
Posteriormente, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dio la cara ante la opinión pública y explicó –y al mismo tiempo oscureció– que ‘El Gatico’ completa 47 días como facilitador de paz con grupos criminales mediante la Resolución 075 de 2022.
“No hay un decreto firmado. Según la verificación, sigue ejerciendo su rol de facilitador; se aclara que no es gestor de paz, sino facilitador de paz, con un acercamiento que posibilite el desmantelamiento”, señaló el portavoz del Gobierno.
“(...) la labor de los facilitadores es contribuir a los acercamientos y conversaciones que posibilitarán el desmantelamiento de grupos armados ilegales, en lo que estamos empeñados, que opten por acogerse a la justicia en el marco de la política de ‘paz total’”, agregó.
Sin embargo, Prada no explicó con cuáles grupos ilegales ni en qué regiones del país López contribuirá a “los acercamientos y conversaciones que posibilitarán el desmantelamiento de grupos armados ilegales que opten por acogerse a la justicia”.
Tras la tormenta generada y las explicaciones del Gobierno, los órganos de control sentaron su postura sobre las pesquisas que llevarán a cabo en este caso.
La primera entidad fue la Procuraduría General de Nación, la cual presentó un recurso de apelación contra la decisión del Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, quien le otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, hijo de ‘la Gata’ Enilce López, tras la designación hecha por el comisionado de Paz.
Según los argumentos entregados por el Ministerio Público, el togado no analizó la procedencia de su designación como facilitador dentro del proceso de paz.
Además, señalaron que no hay claridad sobre si Jorge Luis Alfonso López actuará como vocero o representante de algún grupo armado organizado, como lo establece la Ley 418 de 1997.
Posteriormente, la Fiscalía abrió una investigación por el delito de prevaricato por acción al juez que tomó la decisión.
“La entidad no comparte las actuaciones tendientes a desconocer el marco jurídico vigente y manifiesta su preocupación por la resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Dicho acto del Gobierno provoca esa libertad, eso no puede estar ocurriendo, la Fiscalía rechaza de plano esa situación”, protestó el fiscal Barbosa, quien advirtió que la ‘paz total’ “no puede ser una paz simulada y tramposa”.
Jorge Alfonso López fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir por su participación en el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, el cual fue ejecutado por paramilitares. Los hechos en mención ocurrieron el 19 de febrero del 2005 en Magangué.