Pleitos por $12,5 billones tienen los atlanticenses con el Estado: Andje
El director de la Agencia de Defensa Jurídica, Camilo Gómez Alzate, le dijo a EL HERALDO que el mayor número de demandas están en Atlántico: 19.003.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, le dijo a EL HERALDO que en la región Caribe hay actualmente cursando 63.860 demandas (de 341.667 a nivel nacional) por $121,9 billones (de $401 billones en todo el país), lo que la convierte en una de las regiones con mayor número de litigios en Colombia.
“El departamento de más demandas es Atlántico con 19.003 demandas, luego Bolívar con 12.700 y sigue Magdalena con 8.400, pero las demandas más cuantiosas en la región están en Sucre, por $59,5 billones, luego Bolívar con $32 billones y Atlántico con $12,5 billones”, indicó el funcionario.
Gómez Alzate reveló los números en medio de una visita que hizo la semana pasada a la ciudad de Cartagena, con la que la Agencia suscribió un convenio interadministrativo para defender a la Nación en el caso de las construcciones ilegales y fatales de los Quiroz, en las que según la administración distrital de 77 edificaciones 58 tenían anomalías en licencias y permisos. “Básicamente la Agencia tiene una nueva función que es la de brindar asistencia a entes territoriales y con el distrito de Cartagena se firmó un convenio desde principios de año donde la Agencia acompaña en todos los aspectos jurídicos que la Alcaldía necesite, incluyendo litigios y asesorías”, explicó.
Puente Pumarejo
A finales de octubre pasado, la constructora del Puente Pumarejo, la española Sacyr, retiró la demanda que había presentado ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio por posibles sobrecostos en la construcción.
Hace un par de semanas el exvicepresidente Germán Vargas Lleras advirtió que un árbitro de dicha instancia tendría un nexo de cercanía con un directivo de Sacyr. Se trata de Eduardo Fonseca, quien tiene una relación estrecha con el vicepresidente jurídico de Sacyr, Francisco Javier Martínez. Por ello la empresa española retiró la demanda contra Invías, en la que reclamaba el pago de unos $200 mil millones. No obstante, dijo a este medio que volvería a presentar la reclamación.
“El tema con el Puente Pumarejo es delicado porque al parecer el árbitro no reveló toda la información que implica posesionarse como árbitro. Este árbitro estaba también en el caso del Puente Hisgaura y en el Puente Pumarejo no se había constituido el tribunal pero finalmente renunció y Sacyr renunció al arbitraje, retiró la demanda arbitral y en el Puente Hisgaura el árbitro también renunció, y se está definiendo qué se va a hacer. Entiendo que la Corte Arbitral ya inició una investigación de oficio y la Agencia y la Presidencia de la República solicitarán que se acelere esta investigación, porque es indispensable que los árbitros sean transparentes con su situación jurídica y con los conflictos de interés que puedan tener”, advirtió el director de la Agencia.
Entre los argumentos de Sacyr se encuentra el hecho de que cuando ya había contratado los estudios de diseño en 2011, éstos se cambiaron posteriormente en 2015 porque en Colombia modificaron las normas técnicas para la construcción de puentes. Y se le generaran gastos adicionales al tener que modificar los diseños para adecuarse a la nueva normatividad.
Según lo establecido en el Ministerio de Transporte, inicialmente las obras del Puente Pumarejo tenían un valor de $615 mil millones pero al final se tuvieron que pagar $800 mil millones.
Y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado había solicitado la renuncia del árbitro en cuestión por el posible conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad.
Edificio Aquarela. La Alcaldía de Cartagena anunció la demolición de la torre del Edificio Aquarela que pone en riesgo la declaratoria de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad de la Ciudad Heroica, y en torno a este caso hay seis procesos judiciales, incluyendo una demanda contra la constructora por los perjuicios causados a la ciudad y el riesgo para los bienes culturales.
A su vez, la Promotora Calle 47, que adelanta el proyecto Aquarela, afirmó que demandará al Estado para lograr una reparación directa por el daño causado a los afectados
El proyecto consta de cinco torres de 30 pisos cada una, que recibió la licencia a pesar de que no había un Plan Especial de Manejo y Protección de Monumentos Patrimonio de la Unesco. Así la constructora empezó a levantar la torre de 25 pisos y el Ministerio de Cultura instauró una acción popular contra el Distrito de Cartagena por haber aprobado la licencia.
“Vamos a revisar los avances que se están teniendo para continuar con el proceso. Aquí está en juego la protección del patrimonio cultural de los colombianos y el riesgo elevado de que Cartagena pueda perder su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad”, indicó Gómez Alzate.
El balance que hace el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado del proceso por el rescate del Galeón San José es que “va por buen camino con la declaratoria de patrimonio cultural colombiano que se efectuó en enero".
Agregó en este sentido que "se está reestructurando todo lo relacionado con el contrato para que las nuevas condiciones queden definidas porque ya no se puede entregar ni una sola pieza del Galeón en parte de pago".
Por ello, considera que "lo que era un rescate de unas piezas se convirtió en una exploración arqueológica y puede ser la exploración arqueológica submarina más importante del continente".
Ante lo que "se están ajustando las condiciones técnicas y jurídicas, y espero que antes de que termine el año podamos tener todas las definiciones del caso”.
Lo más reciente en el proceso es que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó hace unos meses la demanda que buscaba la inviabilidad de adelantar una APP para contratar las actividades de exploración e intervención del Galeón. En la decisión se señala que el Ministerio de Cultura tiene autorización legal para contratar.
A su vez, la Armada Nacional informó que se encuentra custodiando permanentemente la zona del hallazgo por lo que no existe riesgo de que se afecte su integridad. Esto porque a finales de octubre el director de la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido, Francisco Muñoz, había alertado acerca de que la ausencia de sedimentación sobre algunos elementos hallados en el Galeón sería la prueba de que el tesoro fue alterado por el Gobierno y la empresa cazatesoros MAC.
De hecho, cursa un proceso en el Consejo de Estado al respecto para frenar la APP.
El San José fue un galeón español, construido en 1698, que zarpó en 1706 junto con otros barcos para el Caribe y llegó a Cartagena de Indias después de un mes de navegación. En 1708 zarpó de Cartagena hacia Portobelo, cargado con lingotes, monedas de oro y plata, fue atacado por barcos ingleses y se hundió en Barú.
En relación con la demanda contra el Estado de la española Gas Natural Fenosa, antiguo dueño de Electricaribe, por US$1.547 millones, y la contrademanda de Colombia contra la compañía por US$600 millones, Gómez reiteró que “eso está en este momento para que se produzca el laudo arbitral. Yo espero que antes de seis meses tengamos el laudo en este caso. No es clara la fecha porque depende de los árbitros, pero Colombia tiene confianza ahí en una buena defensa que se hizo y además hay que recordar que Colombia contrademandó a Gas Natural o Naturgy en este caso”.
El 22 de marzo de 2017 se conoció que Gas Natural Fenosa, en un oficio de 39 páginas, solicitó el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), con sede en Viena, Austria, para reclamar a Colombia la devolución de su filial Electricaribe o la indemnización mencionada. Y en diciembre de 2019, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, anunció la demanda de reconvención o contrademanda contra Naturgy -antigua Gas Natural Fenosa-, que había sido impulsada desde diciembre de 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, con sede en Washington.
Estos pleitos se iniciaron luego de que el 15 de noviembre de 2016 se activara la toma de posesión de Electricaribe tras cuatro días de diálogos de las partes en Bogotá, en los que el Gobierno exigió una capitalización de la empresa pero la respuesta de la multinacional fue negativa.
Y el 14 de marzo de 2017 se anunció la liquidación de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios, tras agotarse los cuatro meses de intervención y argumentando que la empresa estaba al borde de una “cesación de pagos” a las generadoras, que amenazaban con limitaciones de suministro que hubiesen ocasionado unos racionamientos masivos en la Costa, y agregó el ente de control que además la empresa no garantizaba “el servicio en las condiciones debidas”.
