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Colombia

Lo que tendrán que decir Mancuso y ‘Jorge 40’ para llegar a la JEP

Ambos deberán entregar, en audiencia, pruebas que demuestren sus nexos en el conflicto armado y su actuar coordinado con la fuerza pública, sectores económicos y sociales.

Han sido decenas las audiencias, actos de reconocimientos, eventos y actividades en donde las víctimas han señalado de frente a los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, de haber sido los principales causantes y responsables de lo que han tenido que padecer en los últimos años.

Todos, casi que de manera reiterativa, les piden a los exlíderes del paramilitarismo que les digan la verdad, que les revelen dónde están los cuerpos de sus seres queridos o que simplemente les confiesen quién o quiénes les dieron la orden de haber sembrado tanto terror y sufrimientos en sus vidas.

Al tiempo, ellos, los señalados perpetradores directos de tantos horrores y barbaridades, a juzgar por sus intenciones, no se han negado a responder a ese llamado. De hecho, Mancuso, en varias de sus recientes intervenciones, ha manifestado estar dispuesto a contar toda esa verdad en un escenario que le brinde garantías para poder hacerlo.

Tal parece que esa oportunidad les llegó. El pasado martes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de la Sala de Reconocimiento, anunció que investigará el entramado criminal en el que miembros de la fuerza pública, otros agentes de Estado, terceros civiles y paramilitares se asociaron para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra la población civil: dio apertura al macrocaso 08.

Este apartado, según cifras preliminares, tiene un universo de 15.710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la fuerza pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado.

Precisamente, en el marco de esta apertura, la JEP dio un ultimátum para una eventual aceptación de ‘Jorge 40’ y Salvatore Mancuso en esa jurisdicción, lo que se entiende como una oportunidad de sometimiento.

Unas condiciones

Para que esta oportunidad se dé, los “dos exjefes paramilitares deberán decir toda la verdad sobre el conflicto armado, incluidas las alianzas criminales que tejieron con altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía”.

La eventual aceptación de los exjefes paramilitares en la JEP, según Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de Ciencia Política de la Universidad del Norte, debe leerse dentro del inicio del macrocaso que iniciará oficialmente la investigación.

“En este caso particular se investigará lo sucedido en los departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena. Territorios en los que operó el Bloque Norte de las AUC y que fueron comandados por ‘Jorge 40’ bajo las órdenes de Salvatore Mancuso. Si bien se ha avanzado mucho en cuanto a las relaciones del Bloque Norte con políticos, aún hay mucho por conocer sobre sus vínculos operativos y de coordinación con la fuerza pública y sectores sociales y económicos que los utilizaron como brazo armado”, explicó el académico.

Detalló Trejos que, por un lado, la aceptación formal en la JEP dependerá de una audiencia pública en la que deberán entregar “pruebas irrefutables” que demuestren su involucramiento en el conflicto armado y su actuar coordinado con la fuerza pública y sectores económicos y sociales, con el fin de que demuestren su real voluntad de aportar verdad y reparación de sus víctimas.

“Su aporte de verdad en la JEP puede servir para desmontar las redes económicas y sociales que respaldaron el proyecto AUC en el Caribe y que aún no han asumido ninguna responsabilidad penal, y por otro lado se pueda avanzar en la proyección de garantías de no repetición del fenómeno paramilitar en esta región”, dijo Trejos.

Unas consideraciones

En una rueda de prensa,  el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, señaló que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas programará una audiencia única de verdad plena para recibir, en presencia de las víctimas y del Ministerio Público, todos los aportes efectivos y completos que Tovar Pupo y Mancuso están llamados a hacer.

Aclaró que, “solo si, en criterio de la Sala de Justicia, la audiencia resulta exitosa, la JEP procederá a contrastar la información suministrada por Tovar Pupo y, con base en ese ejercicio, adoptará la decisión definitiva sobre su sometimiento ante la justicia transicional”.

Precisó que la Sección de Apelación ordenó que se adopten, de ser necesario, las medidas de protección requeridas para salvaguardar la vida e integridad de los solicitantes, de su familia y su apoderado judicial, de cara a las revelaciones que va a efectuar con el fin de garantizar de que estas se puedan dar para poder continuar con la reconstrucción de la historia del conflicto armado en el país.

Un avance en el esclarecimiento.

José David Ortega, defensor de derechos humanos y miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, indicó: “Creemos que es necesario que la JEP, así como lo hizo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, escuche los testimonios de un sujeto como Salvatore Mancuso que, entre otras cosas, tiene muchas verdades por aportarle al país, y eso radica en que entregue listados completos de políticos que tuvieron que ver con su accionar paramilitar en muchos departamentos de la región Caribe”.

Para Ortega este sería un avance en el esclarecimiento de la verdad. “Eso permitiría conocer detalles aún desconocidos sin que se le otorguen beneficios jurídicos para aportar esta verdad teniendo en cuenta que él ya hizo parte de un proyecto de justicia transicional como lo fue Justicia y Paz, y por lo tanto no puede recibir beneficios en el marco de la JEP”, explicó. De igual manera aseguró que muchas familias aún se encuentran a la espera de que se les indique el lugar en el que yacen sus seres queridos desaparecidos forzosamente por las AUC.

“Conocer la verdad de lo que ocurrió en el conflicto y no escuchar a todas las partes que estuvieron involucradas de una u otra manera, sería también un poco cerrarle la puerta  a muchas verdades que tiene que contar Mancuso. Yo creo que por ejemplo lo que pasó en el sur de Córdoba hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, casos que sucedieron que hoy no están esclarecidos y no se ha permitido poner a la discusión sobre quién dio la orden de asesinar a personas, o con complacencia de quién, por qué lo hicieron; eso debe ser lo que se debe responder porque hasta ahora las verdades de los terceros civiles en conflicto han sido muy limitadas y es necesario que un actor como este nombre a los actores para que la JEP pueda llamar a esos terceros civiles involucrados en el conflicto”, dijo.

Precisamente Ortega se refirió a testimonios de terceros civiles como el del ex gobernador de Córdoba y ex gerente del Fondo Ganadero Benito Osorio, quien en su momento aseguró que hubo una connivencia entre el paramilitarismo con la política en el departamento.

“Aquí tenemos muchos políticos condenados por parapolítica como Juancho López, De la Espriella, Eleonora Pineda, y mucha gente, pero como en la JEP la entrada de los terceros civiles es voluntaria se ha limitado un poco este tipo de participaciones, por eso es necesario que personas como Mancuso cuenten la verdad de lo que ocurrió”, concluyó.

El caso de Mancuso

Mancuso lideró las Autodefensas Unidas de Colombia hasta su desmovilización firmada en 2005. Desde hace 15 años se encuentra en prisión en EE. UU. tras ser extraditado por cargos de narcotráfico. En la actualidad está a la espera de volver a Colombia, donde debe responder por 75.000 crímenes.

Para eludir esa responsabilidad, además de pedir ser devuelto a Italia, de donde es nacional, Mancuso también ha pedido en varias ocasiones someterse a la JEP, aunque esta justicia lo inadmitió por su rol de paramilitar, pues su jurisdicción es la de juzgar a la guerrilla de las Farc y a agentes del Estado.

Con paramilitares, como es Mancuso, solo puede encargarse en casos concretos cuando ejercen de “civiles” que cometen crímenes relaciones con el conflicto.

Pero ahora sí se ve que Mancuso podría incorporarse en tanto de su rol como colaboración o “punto de conexión entre los aparatos militar y paramilitar”, es decir, en su actuar como “bisagra” para la comisión por parte de agentes del Estado de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.

El caso de ‘Jorge 40’

En lo que atañe a Rodrigo Tovar, ‘Jorge 40’, que también fue comandante de las AUC y lideró sus acciones en la Costa Caribe, el caso es algo similar. Este exjefe paramilitar, al contrario que Mancuso, se encuentra en territorio colombiano, después de ser deportado tras cumplir una condena en Estados Unidos, adonde también fue extraditado en 2008.

Su caso también fue rechazado por su condición de paramilitar, aunque su rol estaba más difuso, ya que se tuvo en cuenta que “siendo un civil y empresario, supuestamente financió y colaboró con grupos paramilitares”. Por lo que, aunque no lo juzgará como paramilitar, sí lo hará como “posible sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública”.

“Según lo estableció la Sección, cuando un comandante paramilitar pone al servicio de los miembros de la fuerza pública el grupo armado organizado sobre el que tiene pleno dominio para cometer conjuntamente crímenes del conflicto no le es aplicable la regla general de exclusión”, aseguró el presidente de la JEP el día que anunció el ultimátum.

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