'Me bajaron de la moto, me intimidaron y me amarraron. Estuve cinco días a la intemperie. Los hombres que me retuvieron decían que me iban a matar', con ese relato ante la JEP *Andrés expuso los hechos de su secuestro, el cual se sumó al de otras 2.454 víctimas que motivaron al tribunal especial para catalogar los episodios cometidos por las Farc como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
El rapto de Andrés se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2014 a las 4:30 p. m. El hombre se desplazaba hacia la cabecera municipal de Río Viejo (Bolívar) cuando fue interceptado por 4 hombres armados que se identificaron como miembros del frente 57 de las Farc.
'Me condujeron por caminos desconocidos hasta un sitio que días después supe que era el caserío Siete Tuercas. Allí estuve cinco días hasta el momento de mi liberación por parte del Gaula. El secuestro tenía fines económicos, pues pedían $200 millones, mi familia alcanzó a dar un dinero. De ahí en adelante sufrí un calvario pues me desplacé hacia Lorica, Córdoba. En este sitio estuve con mi familia durante dos meses hasta que se me agotaron los recursos. Esto me obligó a volver a Río Viejo, durante todo el tiempo seguía recibiendo llamadas intimidantes, me decían que no dijera nada', contó el hombre ante el tribunal.
De las víctimas acreditadas, 122 se encuentran en la región Caribe, según el auto de imputación. De los casos documentados, 65 de los secuestros fueron con fines extorsivos y 57 para ejercer control territorial.
Radio de acción
La Sala de reconocimiento de la JEP determinó que el Bloque Caribe operó en parte de los departamentos de La Guajira, Atlántico, Cesar, Bolívar, Magdalena y Sucre, y se financiaba en parte a través de hechos tipificados como secuestro extorsivo, como lo hacían los demás bloques.
'Los fondos los destinaban a su funcionamiento y a entregar una cuota al Secretariado. Así lo reconocieron los excomandantes de los frentes, quienes aceptaron que recurrieron a la privación de la libertad de personas como mecanismo para obtener recursos para ellos y para cumplir con los compromisos económicos adquiridos con el Secretariado', señala el auto de imputación.
Los miembros de las Farc en la Costa utilizaron dos modalidades de secuestros, una de ellas la denominada 'pescas milagrosas', que consistía en colocar retenes en distintas vías, en los cuales se retenían a personas que no cumplían con el requisito de poseer un patrimonio superior al millón de dólares. 'Está práctica fue utilizada por el Bloque Caribe para hacer propaganda y conseguir recursos económicos'.
Pero estos retenes también eran utilizados para quedarse con los bienes transportados por camiones de carga a cambio de la libertad de los conductores. 'Esto coincide con las narraciones de víctimas acreditadas en el caso 01 donde una de las víctimas acreditadas narró precisamente la entrega de los pollos que transportaba para lograr su libertad'.
Los comparecientes admitieron que usaron los retenes también para obtener recursos y reconocieron que se hacían también para abastecerse de alimentos, útiles de aseo y medicamentos, entre otras cosas, quedándose con lo que poseían las personas que transitaban por las vías del área de injerencia del Bloque.
La segunda modalidad más utilizada por el Bloque Caribe era la privación de la libertad de miembros de familias dueñas de fincas ganaderas y productivas. La selección de las víctimas, según los comparecientes, se apoyaba en grupos de inteligencia especializados en identificar a las familias dueñas de fincas en la región. Afirman que estos grupos estaban conformados por personas que no eran conocidas por nadie en la organización y su tarea era 'recoger información'.
Según la explicación de Abelardo Caicedo Colorado, comandante del Frente 59 que operó en la Serranía del Perijá, estos grupos eran unidades de inteligencia financiera que estaban adscritos a las comisiones financieras de los frentes, y se dedicaban de manera exclusiva a esa tarea.
'Los comparecientes informaron que con frecuencia obtenían información de fuentes abiertas como las secciones de sociales de la prensa. Sin embargo, esto no garantiza que las víctimas fueran personas con dinero. Los comparecientes reconocieron que en ocasiones tuvieron que acudir a ‘retener personas de bajo contenido’, por la obligación que tenía el bloque de cumplir con las cuotas establecidas por las Farc-Ep para sus frentes', señala el auto de la JEP.
'Es un fallo histórico'
Gabriel Cifuentes, docente de derecho internacional de la Universidad del Norte, explica que el fallo de imputación a las Farc por los secuestros no es una condena, pero no pierde su carácter de histórico debido a que 'es la primera vez' que en el estudio comparado de los procesos de Justicia Transicional se expide, en tan poco tiempo, contra los máximos responsables de un grupo que se sometió a un proceso de paz.
'Este es un caso icónico —por más que los opositores políticos traten de minimizar su importancia y su significado— no solo por la dimensión de los hechos revelados, sino por las imputaciones a máximos responsables, que es justamente la obligación que tiene Colombia a nivel internacional', señaló el académico.
Este auto de imputación fue elaborado a partir del estudio de testimonios, versiones de líderes, documentos y expedientes judiciales que buscan aclarar el 90% de la totalidad de los secuestros ocurridos en Colombia en medio del conflicto.
A pesar de la narrativa de sectores políticos, Cifuentes sostiene que la Sala de Reconocimiento encontró que la gravedad de los delitos fueron tan atroces que los configuró como crímenes de guerra y de lesa humanidad, que dentro del mundo de los delitos 'son delitos muchísimo más graves'.
Aunque todavía no se puede hablar de las sanciones que serán impuestas, estas fueron el resultado de un proceso negociador. 'No vencimos militarmente a la guerrilla, eso fue un proceso pactado y es el primer proceso de paz en el mundo que no termina con una victoria militar y donde uno de los grupos o ambos grupos se someten a un tribunal de justicia'.
'Si uno revisa la historia de los procesos de Justicia Transicional en el mundo uno evidencia que por lo general terminaban en amnistías, pero este proceso en Colombia va a terminar con la investigación y la sanción de los hechos', manifestó Cifuentes.
El 4 de julio de 2018 la JEP abrió el primero de siete grandes procesos por el conflicto armado relacionado con 'el secuestro de personas por parte de las Farc entre 1993 y 2012', en el que tiene acreditadas a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública.
