Las modalidades de secuestros que usó las Farc en el Caribe
La Justicia Especial para la Paz señala que de los 2.455 casos que tiene documentados con relación a este delito, 122 se registraron en la Costa.
“Me bajaron de la moto, me intimidaron y me amarraron. Estuve cinco días a la intemperie. Los hombres que me retuvieron decían que me iban a matar”, con ese relato ante la JEP *Andrés expuso los hechos de su secuestro, el cual se sumó al de otras 2.454 víctimas que motivaron al tribunal especial para catalogar los episodios cometidos por las Farc como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
El rapto de Andrés se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2014 a las 4:30 p. m. El hombre se desplazaba hacia la cabecera municipal de Río Viejo (Bolívar) cuando fue interceptado por 4 hombres armados que se identificaron como miembros del frente 57 de las Farc.
“Me condujeron por caminos desconocidos hasta un sitio que días después supe que era el caserío Siete Tuercas. Allí estuve cinco días hasta el momento de mi liberación por parte del Gaula. El secuestro tenía fines económicos, pues pedían $200 millones, mi familia alcanzó a dar un dinero. De ahí en adelante sufrí un calvario pues me desplacé hacia Lorica, Córdoba. En este sitio estuve con mi familia durante dos meses hasta que se me agotaron los recursos. Esto me obligó a volver a Río Viejo, durante todo el tiempo seguía recibiendo llamadas intimidantes, me decían que no dijera nada”, contó el hombre ante el tribunal.
De las víctimas acreditadas, 122 se encuentran en la región Caribe, según el auto de imputación. De los casos documentados, 65 de los secuestros fueron con fines extorsivos y 57 para ejercer control territorial.
Radio de acción
La Sala de reconocimiento de la JEP determinó que el Bloque Caribe operó en parte de los departamentos de La Guajira, Atlántico, Cesar, Bolívar, Magdalena y Sucre, y se financiaba en parte a través de hechos tipificados como secuestro extorsivo, como lo hacían los demás bloques.
“Los fondos los destinaban a su funcionamiento y a entregar una cuota al Secretariado. Así lo reconocieron los excomandantes de los frentes, quienes aceptaron que recurrieron a la privación de la libertad de personas como mecanismo para obtener recursos para ellos y para cumplir con los compromisos económicos adquiridos con el Secretariado”, señala el auto de imputación.
Los miembros de las Farc en la Costa utilizaron dos modalidades de secuestros, una de ellas la denominada “pescas milagrosas”, que consistía en colocar retenes en distintas vías, en los cuales se retenían a personas que no cumplían con el requisito de poseer un patrimonio superior al millón de dólares. “Está práctica fue utilizada por el Bloque Caribe para hacer propaganda y conseguir recursos económicos”.
Pero estos retenes también eran utilizados para quedarse con los bienes transportados por camiones de carga a cambio de la libertad de los conductores. “Esto coincide con las narraciones de víctimas acreditadas en el caso 01 donde una de las víctimas acreditadas narró precisamente la entrega de los pollos que transportaba para lograr su libertad”.
Los comparecientes admitieron que usaron los retenes también para obtener recursos y reconocieron que se hacían también para abastecerse de alimentos, útiles de aseo y medicamentos, entre otras cosas, quedándose con lo que poseían las personas que transitaban por las vías del área de injerencia del Bloque.
La segunda modalidad más utilizada por el Bloque Caribe era la privación de la libertad de miembros de familias dueñas de fincas ganaderas y productivas. La selección de las víctimas, según los comparecientes, se apoyaba en grupos de inteligencia especializados en identificar a las familias dueñas de fincas en la región. Afirman que estos grupos estaban conformados por personas que no eran conocidas por nadie en la organización y su tarea era “recoger información”.
Según la explicación de Abelardo Caicedo Colorado, comandante del Frente 59 que operó en la Serranía del Perijá, estos grupos eran unidades de inteligencia financiera que estaban adscritos a las comisiones financieras de los frentes, y se dedicaban de manera exclusiva a esa tarea.
“Los comparecientes informaron que con frecuencia obtenían información de fuentes abiertas como las secciones de sociales de la prensa. Sin embargo, esto no garantiza que las víctimas fueran personas con dinero. Los comparecientes reconocieron que en ocasiones tuvieron que acudir a ‘retener personas de bajo contenido’, por la obligación que tenía el bloque de cumplir con las cuotas establecidas por las Farc-Ep para sus frentes”, señala el auto de la JEP.
“Es un fallo histórico”
Gabriel Cifuentes, docente de derecho internacional de la Universidad del Norte, explica que el fallo de imputación a las Farc por los secuestros no es una condena, pero no pierde su carácter de histórico debido a que “es la primera vez” que en el estudio comparado de los procesos de Justicia Transicional se expide, en tan poco tiempo, contra los máximos responsables de un grupo que se sometió a un proceso de paz.
“Este es un caso icónico —por más que los opositores políticos traten de minimizar su importancia y su significado— no solo por la dimensión de los hechos revelados, sino por las imputaciones a máximos responsables, que es justamente la obligación que tiene Colombia a nivel internacional”, señaló el académico.
Este auto de imputación fue elaborado a partir del estudio de testimonios, versiones de líderes, documentos y expedientes judiciales que buscan aclarar el 90% de la totalidad de los secuestros ocurridos en Colombia en medio del conflicto.
A pesar de la narrativa de sectores políticos, Cifuentes sostiene que la Sala de Reconocimiento encontró que la gravedad de los delitos fueron tan atroces que los configuró como crímenes de guerra y de lesa humanidad, que dentro del mundo de los delitos “son delitos muchísimo más graves”.
Aunque todavía no se puede hablar de las sanciones que serán impuestas, estas fueron el resultado de un proceso negociador. “No vencimos militarmente a la guerrilla, eso fue un proceso pactado y es el primer proceso de paz en el mundo que no termina con una victoria militar y donde uno de los grupos o ambos grupos se someten a un tribunal de justicia”.
“Si uno revisa la historia de los procesos de Justicia Transicional en el mundo uno evidencia que por lo general terminaban en amnistías, pero este proceso en Colombia va a terminar con la investigación y la sanción de los hechos”, manifestó Cifuentes.
El 4 de julio de 2018 la JEP abrió el primero de siete grandes procesos por el conflicto armado relacionado con “el secuestro de personas por parte de las Farc entre 1993 y 2012”, en el que tiene acreditadas a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública.
El 4 de diciembre de 2000, el exministro cartagenero Fernando Araújo fue secuestrado por hombres del frente 37 de las Farc, luego de que un comando armado lo siguiera cuando hacía su jornada habitual de ejercicios en la zona turística de Bocagrande, Cartagena.
El exsenador fue obligado por las Farc a internarse en una zona de espesa vegetación, en la región de los Montes de María (Bolívar), donde permaneció cautivo durante seis años.
Araújo, quien ese entonces fue incluido por las Farc en un listado de 59 personas 'canjeables' por alrededor de 400 guerrilleros detenidos en diferentes centros carcelarios del país, logró fugarse el 31 de diciembre de 2006.
En esa ocasión, tropas del Ejército y la Armada tuvieron un enfrentamiento con guerrilleros en la región de los Montes de María, y, según dio a conocer el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos Calderón, perdieron la vida seis miembros de las Farc.
El enfrentamiento, según fue informado en ese entonces, fue aprovechado por el exministro Araújo, quien recorrió a pie por cinco días los Montes de María guiándose por la línea del oleoducto.
Tras el afanoso recorrido, sin comer y solo con la ropa que llevaba puesta, Araújo se encontró con un grupo de soldados, que se encargó de su retorno a la libertad.
En octubre de 2015, un juez imputó cargos de secuestro extorsivo y logró la sentencia anticipada de Carlos Arturo Leones García, conocido con el alias de Daniel King, tras hallarlo responsable de participar en el secuestro del exministro cartagenero.
‘La Cacica’
Consuelo Araújo Noguera fue interceptada el 24 de septiembre de 2001 mientras regresaba a Valledupar de una ceremonia litúrgica en el corregimiento de Patillal. Creyendo que se trataba de tropas del Ejército Nacional, ‘La Cacica’ se identificó ante esas personas, pero fue secuestrada. Días más tarde y cuando tropas militares tenían acorraladas a las Farc, estas procedieron a matar a la exministra.
Hombres del Frente 59 de las Farc fueron los señalados de participar en el secuestro y posterior homicidio de ‘La Cacica’.
Desde el momento del secuestro el Ejército emprende la búsqueda y rescate de Araújo Noguera, pero el 29 de septiembre de 2001 tropas de la institución armada encuentran en el sitio conocido como La Nevadita el cuerpo sin vida de ‘La Cacica’ con seis impactos de fusil, portando uniforme de uso privativo de la Fuerzas Militares, rescatando en el sitio a Luz Estela Molina, quien se salvó después de que los guerrilleros la arrojaran a un abismo.
Por este hecho, en julio de 2007 el Estado fue condenado a pagar una millonaria indemnización a la familia de la política, escritora y gestora social. En el 2011, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar sentenció a 18 años de prisión a Manuel Mendoza Rodríguez, alias el Copy o 'Guzmán', como el guerrillero que asesinó a ‘La Cacica’. Otro de los procesados fue Samuel Galvis Arias, conocido con el alias de el Tigre, quien fue condenado en el 2010 a 21 años y cuatro meses de prisión por el Juzgado Tercero Penal del Circuito, al ser partícipe del secuestro.
El antiguo secretariado de las Farc aceptó su responsabilidad ante las imputaciones emitidas por la JEP el pasado 21 de enero en lo que respecta al llamado caso 01 (secuestro).
“Asumimos nuestra responsabilidad y convocamos a los demás actores a sumarse al mismo camino”, alegaron en un comunicado conjunto publicado por el último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como ‘Timochenko’.
En el comunicado aseguran que entregarán “en el plazo señalado por la JEP” la respuesta al auto, “siempre en el sentido que reclama una sociedad que exige el cese de la violencia política y se consolide por fin la paz con justicia social en Colombia”.
